El alcalde de Jorge Alberto Reyes, emanado de Movimiento Regeneración Nacional, enfrenta cuestionamientos luego de la difusión de un audio en el que presuntamente condiciona la permanencia laboral de funcionarios municipales y trabajadores de confianza a la difusión de publicaciones oficiales en redes sociales.
En la grabación, atribuida al presidente municipal de Pachuca, se escucha una serie de reclamos dirigidos a integrantes de su administración por no compartir contenidos digitales relacionados con su gobierno. Durante el mensaje, el edil advierte que quienes no cumplan con esa instrucción podrían ser separados de sus cargos.
“La verdad es que no están haciendo lo que les pedimos”, señala la voz atribuida al alcalde, quien además exige reportes semanales sobre el comportamiento de trabajadores y colaboradores respecto a la difusión de publicaciones oficiales. En el audio, también afirma que ya identificaron a quienes sí cumplen y quienes no participan en esa dinámica.
El fragmento más polémico ocurre cuando el funcionario sostiene que esa semana representaba “la última oportunidad” para quienes no estuvieran comprometidos con la estrategia digital de la administración. “Si no, como les dije, se les va a dar las gracias”, expresa. Más adelante añade: “Si tampoco les interesa el trabajo y todo, pues a nosotros tampoco nos va a importar”.
La grabación también revela que el alcalde solicitó a secretarios y directores entregar nombres y controles de las personas contratadas en sus áreas para verificar si comparten las publicaciones gubernamentales. Incluso plantea una meta concreta de interacciones digitales al señalar que si existen 200 trabajadores nuevos, las publicaciones deberían alcanzar al menos 200 veces compartidas, además del alcance “orgánico” habitual.
En el audio, la voz atribuida a Jorge Alberto Reyes menciona además la necesidad de generar una “radiografía” del comportamiento de los empleados respecto a las publicaciones institucionales y pide que la información sea enviada al área de Comunicación Social del ayuntamiento.
La difusión del material provocó críticas en redes sociales y entre actores políticos locales, debido a que especialistas en administración pública y derechos laborales han señalado en distintas ocasiones que los servidores públicos no pueden ser obligados a participar en actividades de promoción política o propagandística como condición para conservar su empleo, especialmente cuando dichas actividades exceden sus funciones administrativas.
La polémica abre un debate sobre los límites entre comunicación institucional y promoción personalizada de funcionarios públicos, especialmente cuando las estructuras laborales de los gobiernos son utilizadas para amplificar contenidos en plataformas digitales.
