Funcionarios de la Secretaría de Salud de Colima, bajo la administración de Indira Vizcaíno Silva, están llevando a cabo prácticas de extorsión al estilo del crimen organizado, exigiendo el llamado “cobro de piso” o “moche” a todos los proveedores de servicios de esta dependencia.
Así lo denunció el diputado local de Movimiento Ciudadano, Jesús Dueñas, quien aseguró que su oficina ha recibido múltiples quejas de proveedores obligados a pagar un 20% para poder ofrecer sus servicios.
En una entrevista para Grupo Imagen, Dueñas señaló que la corrupción, nepotismo y negligencia son constantes en el sector salud, considerado el talón de Aquiles de la administración de Vizcaíno Silva, y ha sido utilizado como caja chica, manchando su gobierno con múltiples irregularidades.
Según las denuncias, los proveedores de la Secretaría de Salud deben pagar un “moche” del 20%, lo que se ha convertido en un modus operandi de la actual administración.
A estas prácticas se suman los desvíos de recursos detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la cuenta pública de 2022, con irregularidades no subsanadas por más de 22 millones de pesos.
Durante la revisión de 47 expedientes técnicos sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios reportados como pagados con participaciones federales a entidades federativas en 2022, por un total de 85.6 millones de pesos, se encontraron irregularidades en 17 contratos por más de 22 millones de pesos que no han sido aclarados por la gobernadora Vizcaíno Silva.
Ejemplos incluyen contratos como el 036-022-SS-SER, por 11.6 millones de pesos, y el 034-022-SS-SER, por 3.5 millones de pesos, en los que no se presentó evidencia suficiente de los servicios prestados.
Asimismo, la revisión de otros contratos reveló gastos no justificados en servicios de lavandería, suministro de medicamentos y adquisición de productos alimenticios, entre otros, sin la debida evidencia que acredite la realización de los servicios contratados.
Para encubrir estas y otras irregularidades de la cuenta de 2023, el nuevo titular de la Secretaría de Salud, Víctor Manuel Torrero Enríquez, contador público de profesión, ha sido señalado como el encargado de ocultar los desvíos del erario público no comprobados.
