El Congreso Nacional Indígena denunció este lunes una nueva ofensiva armada atribuida al grupo criminal “Los Ardillos” contra la comunidad de Alcozacán, en la región de la Montaña Baja de Guerrero, mientras familias desplazadas del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) permanecen resguardadas en la zona ante la escalada de violencia.
A través de un pronunciamiento difundido de manera urgente, la organización sostuvo que los ataques con drones cargados con explosivos continuaron incluso mientras la presidenta Claudia Sheinbaum afirmaba en su conferencia matutina que su administración trabaja para “proteger a la población”. El comunicado señala que, durante los minutos posteriores a esas declaraciones, se registraron nuevas detonaciones sobre Alcozacán.
El CNI aseguró que las agresiones comenzaron desde el pasado 6 de mayo y que desde entonces las comunidades han permanecido bajo ataques constantes con drones y armas de alto calibre. La organización acusó que el Ejército mexicano no había llegado a la comunidad pese a la gravedad de la situación y afirmó que existen reportes de integrantes asesinados presuntamente por integrantes de “Los Ardillos”, grupo criminal señalado desde hace años por operar en distintas regiones de Guerrero.
En el documento, el Congreso Nacional Indígena responsabilizó al Estado mexicano de actuar con omisión frente a la violencia que enfrentan los pueblos indígenas de la región. La organización sostuvo que las autoridades federales mantienen un discurso de protección mientras las agresiones continúan y las comunidades permanecen expuestas a desplazamientos forzados, amenazas y ataques armados.
La denuncia se da en medio de un contexto de violencia persistente en la Montaña y la zona Centro de Guerrero, donde comunidades indígenas nahuas integradas al CIPOG-EZ han denunciado reiteradamente agresiones de grupos criminales vinculados con disputas territoriales, control de rutas y extorsiones. Organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos han documentado en los últimos años el desplazamiento de familias enteras, asesinatos y ataques armados en municipios como Chilapa y José Joaquín de Herrera.
Alcozacán ha sido una de las comunidades más golpeadas por esta confrontación. En años anteriores, habitantes y autoridades comunitarias denunciaron homicidios de músicos indígenas, incursiones armadas y ataques contra pobladores. El uso de drones con explosivos por parte de grupos criminales ha sido reportado de forma recurrente en distintas regiones de Guerrero y Michoacán, donde organizaciones delictivas han incorporado esta tecnología en enfrentamientos y acciones de intimidación contra comunidades y fuerzas de seguridad.
En su pronunciamiento, la organización indígena exigió el cese inmediato de las agresiones y acusó que las comunidades continúan en estado de vulnerabilidad pese a las denuncias públicas realizadas durante los últimos días. El mensaje concluye con una crítica directa a las autoridades federales por la situación que enfrentan los pueblos indígenas de Guerrero ante la presencia del crimen organizado.
