Representantes de pueblos originarios se manifestaron en la frontera de Tecate con Estados Unidos para denunciar la destrucción de vestigios arqueológicos y afectaciones ambientales en el cerro Cerro Cuchumá, considerado una de las cinco Montañas Sagradas en la cosmogonía indígena de Baja California. La protesta se llevó a cabo del lado mexicano, donde los participantes acusaron que el uso de explosivos para ampliar el muro fronterizo ha provocado daños irreversibles en un sitio de alto valor cultural y espiritual para el pueblo kumiai.
Durante la movilización, los manifestantes subrayaron la necesidad de respetar las tradiciones y territorios de los pueblos originarios. En particular, señalaron que las detonaciones afectan no sólo la integridad física del cerro, sino también su significado simbólico, al tratarse de un espacio sagrado que forma parte de la identidad y cosmovisión de la etnia kumiai. Fabián Murillo, representante nahua del Calpulli Cuchumatepetl de Tecate, sostuvo que la defensa del territorio responde a una visión ancestral que entiende la tierra como un ente vivo. Advirtió que las explosiones dañan elementos esenciales como el suelo y el agua, al tiempo que alteran el equilibrio natural del entorno.
Alrededor de un centenar de integrantes de comunidades indígenas participaron en la protesta, en la que realizaron la Danza del Kuri Kuri como acto simbólico de resistencia cultural. La manifestación coincidió con los primeros reportes de impactos ambientales derivados del uso de dinamita por parte de autoridades estadounidenses en la zona conocida como Tecate Peak, en California, ubicada al otro lado de la frontera y colindante con territorio mexicano.
De acuerdo con ambientalistas, las detonaciones iniciadas en marzo han generado efectos directos en ranchos mexicanos situados en las faldas del Cuchumá, entre ellos La Puerta y Tres Estrellas. En estas áreas se han documentado desplazamientos de fauna, particularmente de reptiles como víboras y lagartijas, que han descendido hacia zonas habitadas, lo que incluso obligó al cierre temporal de espacios como una cafetería y cocina orgánica instalada para visitantes.
Organizaciones como Pronatura Noroeste han advertido que el cerro alberga una rica biodiversidad que incluye especies vegetales como cedro de Baja California, encino verde, palo verde, así como ecosistemas de matorral desértico y chaparral. En este entorno habitan especies como el correcaminos norteño, la matraca del desierto, coyotes, codornices, serpientes de cascabel moteadas y lagartijas cornudas, cuya dinámica ecológica se ha visto alterada por las explosiones.
Especialistas han señalado que aproximadamente 70 por ciento del Cuchumá se localiza en territorio mexicano, mientras el resto se extiende hacia Estados Unidos. En esa franja se realizan trabajos para abrir brechas que permitan el tránsito de vigilancia de la Patrulla Fronteriza, así como la construcción de un muro metálico de aproximadamente 10 metros de altura, reforzado con estructuras de concreto.
La controversia alcanzó el ámbito federal luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum informara el 10 de abril que solicitó a las secretarías de Cultura y de Relaciones Exteriores un reporte sobre las afectaciones derivadas del uso de explosivos en este sitio sagrado. La mandataria reconoció la relevancia cultural del lugar y la necesidad de evaluar las implicaciones de estas acciones en territorio mexicano.
En el ámbito local, la regidora kumiai de Tecate, Claudia Cota, ha sido una de las pocas voces institucionales que ha condenado públicamente las detonaciones. La funcionaria subrayó que el Cuchumá no sólo es un espacio geográfico, sino un sitio ceremonial y espiritual cuya importancia antecede a la formación de los Estados nacionales. Recordó que, de acuerdo con la tradición, los jóvenes kumiai ascendían a la cima de la montaña para realizar ayunos y rituales en busca de convertirse en guías espirituales.
La protesta en Tecate refleja un conflicto que combina dimensiones ambientales, culturales y políticas en la frontera norte, donde comunidades indígenas y organizaciones civiles exigen la intervención del Estado mexicano ante lo que consideran una afectación directa a su patrimonio y a un ecosistema compartido entre dos países.
