Un reportaje difundido por el medio digital N+ Foro reveló que al menos 384 animales han muerto en los zoológicos de la Ciudad de México desde el inicio de la actual administración capitalina y hasta el 31 de diciembre de 2025, de acuerdo con información oficial obtenida vía transparencia. Los datos colocan bajo escrutinio la gestión de los recintos a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, encabezada por Julia Álvarez Icaza, en el gobierno de Clara Brugada Molina.
La investigación, elaborada por la reportera Arantza Ocampo, detalla que las muertes se distribuyen principalmente en el Zoológico de Chapultepec, con 279 casos; seguido del Zoológico de San Juan de Aragón, con 81; y el Zoológico Los Coyotes, con 24. Entre los ejemplares fallecidos se encuentran especies consideradas vulnerables o de alto valor ecológico, como ajolotes y teporingos, lo que ha intensificado la preocupación de especialistas y organizaciones civiles.

De acuerdo con la información proporcionada por la propia autoridad capitalina mediante la solicitud de transparencia 090163726000100, una parte significativa de los animales que murieron eran jóvenes. Las causas referidas incluyen traumatismos dentro de los recintos y enfermedades infecciosas que, según los datos disponibles, no siempre fueron atendidas oportunamente. Sin embargo, la documentación pública no incluye dictámenes veterinarios detallados que permitan conocer con precisión las circunstancias de cada deceso.
Activistas y divulgadores científicos, como el colectivo Yo Amo la Ciencia, han cuestionado la magnitud de las muertes y la falta de información completa. Desde esa trinchera se ha insistido en que, en condiciones óptimas de manejo, los zoológicos deberían reportar más nacimientos que fallecimientos, particularmente en programas de conservación de especies.
En respuesta a los señalamientos, la Secretaría del Medio Ambiente capitalina ha sostenido que los datos están “descontextualizados” y que la mortalidad registrada responde, en gran medida, al ingreso de ejemplares en condiciones comprometidas, es decir, animales rescatados o trasladados con problemas de salud previos. La dependencia también ha argumentado que señalar fallecimientos ocurridos en el mismo día de ingreso sin considerar ese contexto puede conducir a interpretaciones erróneas.

No obstante, las explicaciones oficiales no han estado acompañadas de información pública exhaustiva que permita corroborar dichas afirmaciones. Hasta ahora no se han difundido de manera sistemática reportes veterinarios individuales, ni se ha transparentado el estado de los recursos del fideicomiso ProZoo, mecanismo destinado al mantenimiento y mejora de los zoológicos de la capital.
El caso ha abierto un nuevo frente de cuestionamiento para la administración capitalina, que ha promovido una agenda de bienestar animal como parte de su política ambiental. La ausencia de datos completos sobre las causas de muerte, los protocolos de atención médica y el uso de recursos públicos mantiene vigente la exigencia de mayor rendición de cuentas.
Más allá del debate político, la cifra —384 animales muertos en poco más de un año— se ha convertido en el eje de una discusión más amplia sobre el modelo de operación de los zoológicos en la capital del país, su papel en la conservación de especies y las condiciones reales en las que permanecen los ejemplares bajo resguardo institucional.