El panorama para las familias de los trabajadores mineros privados de su libertad en el municipio de Concordia, Sinaloa, se ha tornado aún más sombrío tras los recientes avances en materia forense. Este lunes, la empresa de origen canadiense Vizsla Silver Corp y las autoridades investigadoras confirmaron oficialmente la identificación de dos víctimas adicionales: Saúl Alberto Ochoa Pérez y Miguel Tapia Rayón. Con este lamentable anuncio, el saldo de este acto de violencia asciende a nueve empleados fallecidos, consolidando uno de los episodios de inseguridad más graves contra la industria minera en el país.
El trágico desenlace se confirma a poco más de dos meses del secuestro masivo perpetrado el 23 de enero de 2026. En aquella fecha, un comando armado interceptó a una decena de ingenieros, geólogos y personal técnico. Las víctimas, quienes laboraban en las obras de exploración del Proyecto Pánuco, fueron sustraídas por la fuerza de las inmediaciones de un campamento en la sindicatura de Pánuco y de una parada de transporte sobre la carretera Villa Unión–Durango mientras se disponían a cumplir con sus jornadas laborales ordinarias.
Tras semanas de intensa presión pública y labores de campo, equipos de búsqueda localizaron fosas clandestinas en la localidad de El Verde, Sinaloa, durante el mes de febrero. Desde ese momento, los procesos periciales y genéticos han sido continuos. Michael Konnert, presidente y director ejecutivo de Vizsla Silver Corp, emitió un pronunciamiento este lunes donde calificó la pérdida de sus colaboradores como un evento “devastador”.
“Este es un desenlace profundamente doloroso y nuestras más sinceras condolencias están con todas las familias. Estamos con ellas, brindando acompañamiento y apoyo mientras atravesamos juntos este momento de duelo por nuestros colegas y amigos”, manifestó Konnert a través de un comunicado oficial. El directivo garantizó que la compañía minera mantendrá un esquema de apoyo integral y a largo plazo para las familias afectadas por estos hechos.
La identificación de las víctimas ha permitido que, de manera paulatina, los deudos puedan recuperar a sus seres queridos. Entre los trabajadores que fueron plenamente identificados en los reportes forenses de marzo e inicios de abril se encuentran especialistas de diversas regiones de México, tales como José Ángel Hernández Vélez e Ignacio Aurelio Salazar Flores, originarios de Zacatecas; José Manuel Castañeda Hernández, de Guerrero; Jesús Antonio de la O Valdez, de Chihuahua, y José Antonio Jiménez Nevárez, de Sonora. Su labor altamente especializada como personal técnico los había llevado a Sinaloa, exponiéndolos inadvertidamente a los severos índices de violencia de la sierra.
A la par del luto, el reclamo del gremio ha sido enérgico y contundente. La Cámara Minera de México (Camimex) y las asociaciones nacionales de ingenieros han manifestado su indignación y solidaridad, subrayando que estos actos violentos no solo entristecen profundamente a la comunidad del sector extractivo, sino que evidencian la enorme vulnerabilidad en la que operan los campamentos en el interior del país. Representantes de la industria han exigido a los tres niveles de gobierno acciones decisivas para frenar la impunidad, localizar a los responsables y asegurar el libre tránsito en las zonas mineras.
Pese a la recuperación e identificación de los restos de nueve de los diez trabajadores, la investigación permanece abierta. La familia de Francisco Antonio Esparza continúa enfrentando la incertidumbre, ya que el minero se mantiene oficialmente en calidad de desaparecido. Los compañeros de las víctimas y la empresa mantienen activa la solicitud de colaboración dirigida a la ciudadanía para dar con su paradero, reiterando que este caso no quedará cerrado hasta que haya total certidumbre y justicia.
