A unas horas de que entre en vigor el incremento a la tarifa mínima del transporte público en Morelos, integrantes del Frente contra el Alza al Pasaje intensificaron sus protestas al iniciar una huelga de hambre frente al Palacio de Gobierno, donde mantienen un plantón desde hace tres días para exigir la cancelación del decreto que autoriza el ajuste tarifario.
La manifestación, integrada en su mayoría por personas de la tercera edad, busca presionar al Gobierno del Estado para que reconsidere el aumento previsto para comenzar a aplicarse durante las primeras horas de este miércoles. Los inconformes sostienen que el incremento representa una carga económica para miles de usuarios y demandan que cualquier modificación al costo del servicio esté condicionada a mejoras reales en la calidad del transporte público.
El regidor de Morena y dirigente del movimiento social, Gabriel Rivas Ríos, informó que el Frente permanece a la espera de una respuesta de la gobernadora Margarita González Saravia sobre la posibilidad de realizar cambios al decreto antes de que surta efectos. De acuerdo con el representante del movimiento, aún existe margen para revisar el porcentaje del incremento autorizado.
Rivas Ríos planteó como alternativa que el ajuste tarifario no sea del 30 por ciento originalmente establecido, sino del 15 por ciento, al considerar que esa medida permitiría reducir el impacto económico para los usuarios del transporte colectivo, particularmente para los sectores con menores ingresos.
El dirigente insistió en que la discusión sobre las tarifas no puede desvincularse de la calidad del servicio que reciben diariamente los pasajeros. Por ello, los manifestantes reiteraron que cualquier aumento debe ir acompañado de compromisos verificables para modernizar las unidades, mejorar las condiciones de seguridad, fortalecer el mantenimiento de los vehículos y elevar la calidad del servicio que prestan los concesionarios.
Desde el inicio del plantón, los integrantes del Frente han sostenido que la ciudadanía no debe asumir un mayor costo sin que existan garantías de una transformación del sistema de transporte público. En ese contexto, la huelga de hambre representa una nueva etapa de las acciones de protesta emprendidas para intentar frenar la aplicación del decreto.
Mientras continúan las movilizaciones, el sector transportista se prepara para operar bajo el nuevo esquema tarifario. El presidente de la Federación Auténtica del Transporte, Dagoberto Rivera Jaimes, confirmó que la entrada en vigor del incremento también tendrá repercusiones en las cuentas que diariamente entregan los operadores a los concesionarios, aunque precisó que todavía no existe una definición sobre el porcentaje en que aumentará esa cuota interna.
El dirigente explicó que será después del 1 de julio cuando cada concesionario o patrón establezca acuerdos particulares con sus trabajadores para definir las nuevas condiciones de operación conforme al esquema tarifario autorizado por el Gobierno estatal.
Rivera Jaimes rechazó las versiones que aseguran que los operadores recibirán automáticamente un incremento equivalente al 30 por ciento en sus ingresos. Señaló que esa interpretación es incorrecta, ya que primero será necesario observar el comportamiento de la nueva tarifa y evaluar el desempeño financiero de las rutas antes de determinar posibles ajustes.
Asimismo, indicó que las condiciones económicas varían entre las diferentes empresas transportistas, debido a que muchas rutas operan mediante sistemas de conteo y cada concesionario registra niveles distintos de afluencia e ingresos. En consecuencia, descartó que exista un aumento uniforme para todos los trabajadores del sector.
La entrada en vigor del incremento al pasaje mantiene abiertas dos posturas contrapuestas. Por un lado, los usuarios organizados continúan exigiendo la revocación o reducción del ajuste tarifario y mejores condiciones en el servicio; por el otro, los concesionarios avanzan en la implementación del nuevo esquema mientras analizan el impacto que tendrá en la operación de las rutas y en la relación laboral con los operadores. Entretanto, el plantón y la huelga de hambre permanecen frente al Palacio de Gobierno a la espera de una respuesta oficial sobre las demandas planteadas por el movimiento ciudadano.
