El Gobierno de México destinó 45.4 millones de pesos de recursos públicos para la realización del concierto del DJ neerlandés Martin Garrix en Veracruz, un evento que fue promovido como gratuito para el público y que formó parte del programa federal Circuito Nacional de Festivales por la Paz, impulsado por la Secretaría de Cultura. La contratación fue formalizada mediante un procedimiento de adjudicación directa que se resolvió apenas 48 horas antes de la presentación artística y en el que participó una sola empresa invitada.

De acuerdo con el oficio DGPFC/0353/2026, emitido el 16 de abril de 2026 por la Dirección General de Circuitos y Festivales de la Secretaría de Cultura, la empresa Operación y Comercialización Ideas Creativas, S.A. de C.V. (RFC OCI150915KA8) obtuvo el contrato para prestar los “servicios integrales para la producción y realización de una presentación artística musical de Martin Garrix” en el puerto de Veracruz.

La presentación del artista se llevó a cabo el 18 de abril de 2026 en la Macroplaza del Malecón de Veracruz como evento principal del Festival Puerto Sonoro, incluido dentro del Circuito Nacional de Festivales por la Paz, estrategia cultural del Gobierno de México que busca ofrecer espectáculos gratuitos y fomentar el acceso a actividades culturales, la convivencia comunitaria y la recuperación de espacios públicos. La Secretaría de Cultura ha señalado que este programa tiene como objetivo alcanzar a siete millones de jóvenes mediante festivales organizados en distintas entidades del país.

El procedimiento de contratación fue realizado mediante adjudicación directa. Para justificar la excepción a la licitación pública, la dependencia federal invocó los artículos 30 fracción II, 33 primer párrafo, 35 fracción III, 53 primer párrafo y 54 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como el artículo 109 fracción II de su Reglamento. Dichas disposiciones contemplan supuestos en los que la contratación puede realizarse directamente cuando existe un proveedor que, por la naturaleza especializada del servicio, es considerado el único con capacidad para prestarlo.

Según la documentación oficial, Operación y Comercialización Ideas Creativas fue la única empresa invitada al procedimiento y resultó adjudicada por un monto total de 45 millones 400 mil pesos, con cargo al presupuesto federal destinado a la organización del festival.

La empresa beneficiada mantiene vínculos comerciales con la industria de producción de espectáculos en México y ha sido relacionada con proyectos vinculados a Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), uno de los principales grupos dedicados a la organización de eventos masivos en el país.

El concierto fue anunciado como un espectáculo gratuito para los asistentes y reunió, de acuerdo con cifras difundidas por el Gobierno de Veracruz, a más de 130 mil personas en la Macroplaza del Malecón. Durante la presentación estuvo presente la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, quien ocupó un lugar en la primera fila del evento.

Tras la realización del festival, el gobierno estatal informó que la presentación de Martin Garrix habría generado una derrama económica estimada en 600 millones de pesos para la entidad, derivada del incremento en la ocupación hotelera, el consumo en restaurantes, comercios y servicios turísticos durante el fin de semana en que se desarrolló el espectáculo.

Por su parte, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, ha sostenido que el Circuito Nacional de Festivales por la Paz busca ampliar el acceso gratuito a eventos culturales de gran formato y fortalecer la apropiación de espacios públicos mediante actividades artísticas abiertas a toda la población.

La difusión de los documentos de contratación coloca nuevamente bajo escrutinio el uso de la adjudicación directa para la organización de eventos financiados con recursos públicos, particularmente cuando se trata de espectáculos de alto costo. Aunque la legislación contempla excepciones a la licitación pública en determinados supuestos, este tipo de procedimientos suele generar cuestionamientos sobre los criterios empleados para seleccionar proveedores y sobre los mecanismos de competencia y transparencia en el ejercicio del gasto público.

El caso también reabre el debate sobre el equilibrio entre la inversión gubernamental en actividades culturales de gran escala y la obligación de garantizar procesos de contratación abiertos y competitivos, especialmente cuando los recursos provienen del erario federal y se destinan a eventos con amplia exposición pública.