En una jugada que ha generado un profundo debate político en San Luis Potosí y resonado más allá de sus fronteras, el Congreso del estado aprobó el pasado 14 de diciembre una reforma constitucional y a la ley electoral local que obliga a que todas las candidaturas a la gubernatura en 2027 sean encabezadas por mujeres, iniciativa que ya se conoce popularmente como la “Ley Ruth” o “Ley Gobernadora”. La medida fue impulsada y aprobada en un proceso acelerado, sin discusión sustantiva en el pleno legislativo, lo que ha desatado acusaciones de que no responde únicamente a criterios de paridad de género sino a un cálculo político orientado a favorecer a un proyecto específico: la eventual sucesión de la senadora Ruth González Silva, esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
La reforma fue avalada con 19 votos a favor y ocho en contra, de un total de 27 diputadas y diputados presentes. Fue respaldada por las bancadas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), del Partido del Trabajo (PT), del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de Movimiento Ciudadano (MC), mientras que seis legisladores de Morena y dos del Partido Acción Nacional (PAN) se pronunciaron en contra. La aprobación se dio sin el debate de fondo que varios legisladores opositores habían demandado, lo que ha avivado críticas sobre la transparencia y el rigor del proceso legislativo.
Oficialmente, quienes impulsan la reforma argumentan que se trata de un avance en la igualdad sustantiva y la eliminación de barreras histórico-estructurales para la participación política de las mujeres, una pieza de legislación que, sostienen, colocará a San Luis Potosí a la vanguardia en materia de paridad de género en cargos ejecutivos. El dictamen, además de imponer la obligatoriedad de postular exclusivamente candidaturas femeninas a la gubernatura en 2027, incorpora ajustes sobre fiscalización, prerrogativas partidistas, remuneraciones y la obligación de celebrar debates en municipios con mayor lista nominal, todo con el argumento de robustecer la contienda electoral desde una perspectiva de equidad.
Sin embargo, para amplios sectores de la oposición y analistas políticos la reforma tiene un trasfondo mucho más instrumental. Señalan que detrás del discurso de paridad se esconden intereses concretos del gobernador Gallardo y de su círculo más cercano. En septiembre de 2025, la senadora Ruth González Silva —quien además preside la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte en el Senado y es figura prominente del PVEM— afirmó públicamente que su partido podría participar solo en la elección de 2027 y que “la gente decidirá en un par de años”, cuando se le cuestionó sobre sus aspiraciones a la gubernatura, pese al discurso oficial de Morena en contra del nepotismo.
La controversia se enmarca además en una lucha interna entre Morena y el PVEM por el control político en San Luis Potosí. Morena, partido aliado del PVEM a nivel nacional, había establecido en sus estatutos un candado para evitar la sucesión inmediata de familiares en cargos de elección popular, pero dicha restricción no se aplicará hasta 2030, en contraste con la posición del PVEM que carece de una prohibición similar. Esta discrepancia obligó a Morena a votar mayoritariamente en contra de la reforma y a replantear sus estrategias de alianza local, con el riesgo de fracturar la coalición que ha sido determinante en procesos electorales previos.
La situación en San Luis Potosí desnuda también las tensiones más amplias entre discursos progresistas en materia de equidad de género y las prácticas políticas de quienes detentan el poder. Para críticos de la reforma, la “Ley Ruth” representa una paridad a modo que podría convertirse en una herramienta de perpetuación de dinastías políticas, más que en un avance genuino hacia la igualdad de oportunidades. Este punto de vista cobra fuerza en un contexto donde el PVEM es la primera fuerza política del estado, gobierna 22 de los 59 municipios y controla la mayoría en el Congreso local, factor que podría facilitar el posicionamiento de candidaturas específicas con amplio respaldo institucional.
Apenas horas después de la aprobación, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y figuras de Morena en la dirigencia nacional hicieron eco de preocupaciones sobre la constitucionalidad e idoneidad de la reforma, planteando la posibilidad de impugnaciones a través de mecanismos judiciales. Paralelamente, organizaciones de la sociedad civil y activistas por los derechos políticos de las mujeres han observado con cautela la medida, enfatizando que la paridad de género no debe instrumentalizarse para fines particulares, sino garantizar condiciones equitativas y competitivas para todas las aspirantes, sin privilegios ni exclusiones arbitrarias.
El debate sobre la “Ley Ruth” apenas comienza. Su implementación y las posibles impugnaciones legales que enfrente en los próximos meses podrían marcar un precedente significativo sobre cómo se concilian la paridad de género y los equilibrios de poder regionales en México, en un año que se perfila como determinante para la configuración del mapa político nacional de cara a 2027.
