El Congreso de los Diputados de España aprobó este jueves la Proposición no de Ley (PNL) promovida por el Partido Popular (PP), que busca que el Gobierno de Pedro Sánchez apoye las investigaciones de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
La iniciativa solicita que el Ejecutivo presente ante la Sala de Cuestiones Preliminares del CPI una petición formal para que se dicte una orden de arresto contra Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, así como contra otros responsables de las violaciones señaladas en diversas indagaciones.
Asimismo, exhortó al Gobierno a emitir un comunicado público dirigido a Maduro, exigiendo el cese de la represión y la liberación de los presos políticos. También se solicitó que respalde los informes elaborados por Naciones Unidas que documentan graves violaciones de derechos humanos en el país sudamericano.
Los legisladores del Partido Popular incluyeron en la PNL una petición para que, en el plazo de un mes, el Ejecutivo entregue un informe detallado sobre las acciones realizadas por la Embajada de España en Venezuela en defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles afectados por los presuntos crímenes de lesa humanidad.
Aunque la PNL no es vinculante, representa un posicionamiento político que busca ejercer presión sobre el Gobierno para que asuma un papel más activo frente a la crisis venezolana.
“El abandono que sufren los demócratas venezolanos es una vergüenza internacional”, expresó Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz adjunta del Grupo Popular, durante la presentación de la iniciativa parlamentaria.
Álvarez de Toledo también cuestionó la falta de medidas más contundentes por parte de la comunidad internacional y de gobiernos democráticos como el español.
“¿Qué más tiene que ocurrir para que el fin de la dictadura venezolana sea una prioridad para la comunidad internacional?”, preguntó.
Por su parte, Cristina Narbona, representante del Grupo Socialista, criticó el enfoque de la PNL, argumentando que el CPI es una institución independiente, por lo que ningún gobierno puede solicitar directamente una orden de arresto.
“La Corte Penal Internacional y la Fiscalía son independientes. Ningún gobierno puede instar al CPI a que dicte una orden de detención”, afirmó Narbona durante el debate.
La propuesta reavivó la discusión sobre el papel de España frente a la crisis en Venezuela, reflejando diferencias políticas sobre la estrategia internacional para abordar las denuncias de violaciones a los derechos humanos en el país sudamericano.
