En Baja California, una polémica crece con visos de escándalo político. Viridiana Romero, titular del Centro de Empoderamiento y Protección para la Mujer de Baja California (CEPM-BC, en adelante), denunció públicamente que se está organizando un acarreo masivo de personas —financiado por el gobierno— con miras al acto que sugiere encabeza la presidenta de la República en la Ciudad de México, programado para el 6 de diciembre. La funcionaria cuestionó con indignación que se pretenda obligar a gobernadores de su partido a asumir los costos de transporte, viajes en avión y hospedaje de “acarreados” para llenar esa movilización, y lamentó que su propio evento haya sido cancelado bajo esa dinámica.
Romero relató que al arribar desde Ecuador —donde había recibido un reconocimiento por su labor a favor de las mujeres— sufrió una travesía extenuante de unas 23 horas hasta llegar a la capital. Apenas instalada en la Ciudad de México, recibió una notificación del secretario de Bienestar informándole que su grabación estaba cancelada. “Nos acaban de decir que no vamos a poder tener grabación, porque la presidenta le está pidiendo a la gobernadora que lleven camiones y gente de acarreados para la marcha que van a tener para el día 6”, denunció. Con un tono que bordeó la rabia, cuestionó: “¿Nosotras qué culpa tenemos de que vayan a hacer un acarreo?”
La funcionaria explicó que este tipo de movilizaciones ocasionan un gasto que recae sobre los estados: “se van a pagar camiones, se van a pagar boletos de avión, solo para que hagan una marcha donde (…) digan ‘no es cierto, no mataron a Carlos Manso, no hay inseguridad, no hay desaparecidos, no hay crimen organizado cobrando piso a los comerciantes’”. Romero interpretó la movilización como una operación de propaganda para revertir la percepción de inseguridad y de violencia que existe en el país, y denunció que la supuesta manifestación ciudadana tiene sus orígenes en una estrategia de poder, recursos y presión.
El planteamiento de Romero surge en medio de versiones periodísticas recientes que estiman que el acto podría implicar un desembolso de alrededor de 350 millones de pesos, destinado a la logística, traslado y movilización de personas de distintos estados. Según esas informaciones, la instrucción habría partido desde Palacio Nacional, y se habría girado a gobernadores, alcaldes, legisladores y operadores territoriales del partido en el gobierno, para asegurar una concurrencia masiva.
La denuncia de Romero adquiere mayor gravedad al provenir de una funcionaria dedicada a la defensa y promoción de los derechos de las mujeres, quien también impulsa iniciativas legislativas en Baja California para la igualdad de género. Su confrontación con las órdenes que recibió —y su denuncia pública al respecto— coloca en entredicho la legitimidad de la movilización. Además, evidencia la presión política que operativos de este tipo ejercen sobre funcionarias y activistas que, en principio, deberían mantenerse al margen de maniobras de movilización clientelar.
El llamado de Romero es claro: si se va a movilizar gente con recursos públicos para respaldar una figura política, que se reconozca públicamente; si se pretende disfrazar ello bajo una genuina expresión ciudadana, debe auditarse. Y sobre todo, preguntó con crudeza: ¿qué culpa tienen las mujeres de Baja California de servir como carne de cañón en una estrategia de propaganda nacional?
La denuncia llega en un momento en que el gobierno federal y su administración enfrentan cuestionamientos crecientes por falta de resultados en materia de seguridad, violencia de género y desarrollo social efectivo. Que una funcionaria comprometida con estos temas denuncie estas prácticas llama no solo a revisar la legalidad de los recursos empleados, sino a poner sobre la mesa la ética de movilizar población para legitimar actos políticos. El debate, por ahora, ha comenzado.
