México enfrenta una “crisis tóxica” derivada de estándares ambientales débiles, vigilancia insuficiente y una creciente presión por el manejo de residuos, advirtió Marcos Orellana, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas en materia de Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, tras una misión oficial de once días en el país.
En entrevistas con medios internacionales y organizaciones de investigación, el especialista sostuvo que el país se ha convertido en un “sumidero de basura” para Estados Unidos, fenómeno que atribuyó tanto al sobreconsumo en ese país como a la permisividad regulatoria en territorio mexicano. De acuerdo con su diagnóstico, la falta de normas robustas y de supervisión efectiva ha permitido la acumulación progresiva de contaminantes, configurando lo que denominó una “contaminación legalizada”.
Durante su visita, el relator documentó la existencia de más de mil sitios contaminados identificados en el Inventario Nacional correspondiente, muchos de los cuales han evolucionado hacia “zonas de sacrificio”, donde la exposición constante a sustancias tóxicas se ha normalizado, con efectos graves en la salud de la población, como cáncer, enfermedades respiratorias y complicaciones en el embarazo. En su informe preliminar, Orellana recogió testimonios que sintetizan la gravedad del fenómeno: habitar estos territorios implica, en los hechos, perder la posibilidad de una vida saludable.
El funcionario de la ONU vinculó este escenario con la importación de residuos peligrosos y desechos reciclables provenientes de Estados Unidos, incluidos baterías usadas, plásticos, papel y metales. Aunque estas operaciones se realizan bajo esquemas legales de reciclaje, organizaciones ambientalistas han cuestionado la capacidad de México para gestionar estos volúmenes sin generar impactos adicionales. Orellana subrayó que existe opacidad sobre el destino final de muchos de estos residuos una vez que cruzan la frontera.
Entre los casos analizados, el relator destacó la contaminación persistente en el río Atoyac, en Puebla, por descargas industriales; las secuelas del derrame de sulfato de cobre ocurrido en 2014 en el río Sonora, uno de los desastres ambientales más graves del país; y la afectación a los mantos acuíferos en la península de Yucatán por la expansión de granjas porcícolas. Asimismo, señaló la presencia de microplásticos en cuerpos de agua como el río Tecate, el Atoyac y el Jamapa, lo que evidencia la dispersión generalizada de contaminantes.
En el corredor industrial de Tula-Tepeji, en Hidalgo, Orellana constató niveles críticos de degradación ambiental asociados a la operación de siderúrgicas, cementeras y plantas petroquímicas, además de la descarga de aguas residuales sin tratamiento provenientes de la Ciudad de México. En ese contexto, advirtió que proyectos como la instalación de nuevos parques industriales enfocados al reciclaje podrían agravar una situación ya considerada devastadora para las comunidades locales.
El relator también criticó la falta de exigencia a las empresas para prevenir, mitigar y reparar daños ambientales, lo que, en su evaluación, deriva en una “intoxicación legalizada” de la población. Esta omisión institucional, señaló, tiene implicaciones directas sobre el derecho humano a un ambiente sano y a la salud.
En ciudades industriales como Monterrey, los efectos de esta problemática son tangibles en la vida cotidiana. Habitantes y activistas reportan una alta incidencia de enfermedades respiratorias, irritación ocular y padecimientos crónicos asociados a la mala calidad del aire. Organizaciones locales advierten que estos síntomas se han normalizado, incluso entre niños, lo que refleja la magnitud del deterioro ambiental.
Frente a este panorama, el gobierno federal ha reconocido rezagos en la regulación vigente. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la actualización de normas sobre emisiones contaminantes, consideradas obsoletas, mientras que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, encabezada por Mariana Boy Tamborrell, prepara un nuevo sistema de monitoreo de calidad del aire con capacidad para identificar fuentes específicas de contaminación, comenzando en Monterrey.
Orellana planteó que el país tiene margen de acción para revertir esta tendencia, incluyendo la posibilidad de limitar o prohibir la entrada de residuos peligrosos, medida adoptada por otras naciones sin afectar su inserción en el comercio internacional. En el contexto de la próxima revisión del tratado comercial de América del Norte, advirtió que la falta de ajustes regulatorios podría intensificar la presión económica y profundizar la crisis ambiental.
El diagnóstico del relator coloca a México ante un punto de inflexión: fortalecer sus estándares y mecanismos de vigilancia o continuar en una trayectoria donde el desarrollo industrial y el comercio internacional se sostienen a costa de la salud pública y el equilibrio ambiental.
