La extorsión alcanzó durante el primer semestre de 2026 su nivel más alto para un periodo enero-junio en los últimos 11 años, de acuerdo con el Monitor de Seguridad de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que advierte sobre un delito que no solo continúa creciendo, sino que también se transforma y encuentra nuevas formas de afectar a familias, trabajadores y empresas.

Según el análisis elaborado por la organización empresarial con base en información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y junio de este año se registraron 6 562 víctimas de extorsión, 551 más que durante el mismo periodo de 2025. El incremento representa 9.17 por ciento anual y coloca a la extorsión como el principal delito al alza durante los primeros seis meses de 2026.

El dato adquiere mayor dimensión cuando se observa la evolución de los últimos años. Coparmex sostiene que la cifra registrada durante el primer semestre de 2026 es la más elevada para un periodo similar en 11 años, una tendencia que confirma la persistencia de un delito que tiene consecuencias que van mucho más allá de una carpeta de investigación.

La extorsión puede traducirse en amenazas, cobros ilegales, pérdida de ingresos, cierre de negocios, restricciones para invertir y miedo cotidiano. Para quienes sostienen una pequeña o mediana empresa, el impacto puede ser particularmente profundo cuando el pago exigido por los delincuentes termina convirtiéndose en un costo permanente para mantener abierto un establecimiento.

Coparmex ha advertido previamente que este delito afecta de manera directa a las empresas, las familias y la actividad económica, al tiempo que deteriora la confianza y limita las posibilidades de crecimiento. En mayo pasado, al presentar su análisis correspondiente al primer trimestre de 2026, la organización señaló que entre enero y marzo se habían contabilizado 2 mil 915 víctimas y que la extorsión permanecía entre los niveles más altos de la última década.

Un problema que las estadísticas oficiales apenas alcanzan a mostrar

La dimensión del fenómeno podría ser considerablemente mayor que la que reflejan los registros oficiales. Coparmex señala que, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), alrededor de 97 por ciento de las extorsiones no se denuncia ni llega a registrarse formalmente.

Esta cifra debe entenderse dentro del concepto de cifra oculta o cifra negra, que contabiliza los delitos que no son denunciados o en los que, aun existiendo una denuncia, no se inicia una carpeta de investigación.

La ENVIPE 2025 del INEGI reportó que durante 2024, en términos generales, 93.2 por ciento de los 33.5 millones de delitos ocurridos no fue denunciado o no derivó en una carpeta de investigación. La misma encuesta identifica a la extorsión entre los delitos más frecuentes y muestra que la falta de denuncia constituye uno de los principales desafíos para dimensionar correctamente la inseguridad en México.

En el caso específico de la extorsión, las mediciones históricas del INEGI han mostrado consistentemente niveles de cifra negra superiores al promedio general. En 2022, por ejemplo, la ENVIPE estimó una cifra negra de 97.4 por ciento para este delito.

Por ello, los 6 mil 562 casos registrados oficialmente durante el primer semestre de 2026 no pueden interpretarse como una fotografía completa del fenómeno. Son, en realidad, los casos que alcanzaron los mecanismos formales de registro, mientras una parte considerable de las víctimas permanece fuera de las estadísticas.

El miedo, la desconfianza en las autoridades, la percepción de que denunciar no tendrá consecuencias y el temor a represalias pueden convertirse en barreras para acudir ante las instituciones. La propia ENVIPE 2025 reportó que entre las principales razones para no denunciar delitos se encuentran la pérdida de tiempo, la desconfianza en la autoridad, la percepción de que los trámites son largos o difíciles y el miedo al agresor.

La extorsión crece en distintas regiones del país

El incremento no se concentra en una sola zona. De acuerdo con el análisis de Coparmex, 19 entidades federativas registraron un aumento de víctimas entre enero y junio de 2026 respecto del mismo periodo de 2025, mientras que 12 estados alcanzaron su máximo histórico de víctimas dentro de los últimos 11 años.

Entre las variaciones anuales más pronunciadas aparecen Chihuahua, donde los registros pasaron de cuatro a 97 víctimas, equivalente a un incremento de 2 mil 325 por ciento; Zacatecas, con un aumento de 551.4 por ciento, al pasar de 35 a 228; Yucatán, que pasó de una a cinco víctimas, con un crecimiento de 400 por ciento, y Tabasco, que aumentó de 82 a 233 casos, un incremento de 184.2 por ciento.

La lectura cambia cuando el número de víctimas se ajusta al tamaño de la población. Bajo la tasa por cada 100 mil habitantes, Morelos presentó el registro más elevado, con 18.8 víctimas, seguido de Querétaro, con 15.5; Zacatecas, con 13.2; Ciudad de México, con 12.7, y Baja California Sur, con 12.4.

La concentración también se observa a nivel municipal. Coparmex señala que 10 de los 20 municipios con las tasas más elevadas se encuentran en dos entidades: cinco en Guanajuato y cinco alcaldías de la Ciudad de México.

El municipio con la tasa más alta fue Cuautla, Morelos, con 61.1 víctimas por cada 100 mil habitantes, un indicador que muestra cómo el impacto de la extorsión puede adquirir dimensiones particularmente severas en determinados territorios.

El delito también cambió de rostro

Uno de los elementos que más preocupa a Coparmex es la transformación de las formas en que se comete este delito. De acuerdo con la nueva metodología denominada “Registro Nacional de Incidencia Delictiva”, alrededor de siete de cada 10 extorsiones registradas durante el semestre fueron cometidas a distancia, principalmente mediante internet, redes sociales o llamadas telefónicas.

En contraste, aproximadamente dos de cada 10 fueron presenciales y el resto correspondió a tentativas.

La transformación tecnológica ha permitido que los delincuentes puedan intentar obtener dinero sin necesidad de establecer un contacto físico con sus víctimas. Una llamada, un mensaje, una cuenta en redes sociales o una comunicación digital pueden convertirse en el mecanismo utilizado para amenazar o exigir un pago.

Coparmex también identifica diferencias entre entidades respecto de las tentativas. Trece estados se encuentran por encima del promedio nacional de 14 por ciento en este indicador, entre ellos Campeche, Aguascalientes y Tabasco. La organización advierte que parte de estas diferencias también puede estar relacionada con la adopción del nuevo criterio de registro.

El cambio en las modalidades obliga a las autoridades a adaptar sus capacidades de investigación. El problema ya no se limita a la presencia física de grupos criminales que acuden directamente a un negocio para exigir dinero. Las herramientas digitales amplían las posibilidades de contacto y dificultan, en determinados casos, la identificación de los responsables.

La extorsión, el único delito que aumentó

El comportamiento de la extorsión contrasta con la evolución de otros delitos durante el primer semestre de 2026.

De acuerdo con el Monitor de Seguridad de Coparmex, mientras la extorsión registró un incremento, otros ilícitos presentaron reducciones. Los asesinatos disminuyeron 29.6 por ciento; el homicidio doloso, 30.1 por ciento; el feminicidio, 10.7 por ciento; el secuestro, 25.3 por ciento; el robo a negocio, 7.3 por ciento; el robo a transportista, 19.4 por ciento, y el robo de vehículo, 16.9 por ciento.

Con base en esta comparación, Coparmex identifica a la extorsión como el único delito de los analizados que mantuvo una tendencia ascendente durante el periodo.

Para la organización empresarial, este comportamiento vuelve particularmente relevante la discusión sobre la capacidad del Estado para combatir un delito que puede afectar directamente la continuidad de los negocios y las decisiones de inversión.

Coparmex crea un índice para medir el riesgo

Además del seguimiento de las cifras oficiales, Coparmex desarrolló el Índice de Extorsión Coparmex (IEC), una herramienta que busca ofrecer una visión más amplia del problema al incorporar no solamente la incidencia registrada, sino también aquellos elementos que no aparecen directamente en las carpetas de investigación.

El índice combina tres variables. La magnitud del delito, a partir de datos del SESNSP, representa 50 por ciento de la medición. La cifra oculta y la percepción de inseguridad aportan, cada una, 25 por ciento.

El resultado muestra que 14 entidades tienen un IEC superior al promedio nacional de 49.7 por ciento.

El comportamiento del ranking también presenta cambios relevantes. Guerrero registró el salto más pronunciado, al pasar del lugar 11 al quinto y colocarse entre las cinco entidades con mayor índice. Sinaloa pasó del sitio 22 al 17, mientras Michoacán avanzó del 16 al 13.

En sentido contrario, Tlaxcala pasó del lugar 17 al 23; Baja California, del séptimo al 12, y Jalisco, del 23 al 28.

Para Coparmex, este índice permite identificar los territorios donde la extorsión representa una amenaza mayor y donde, por tanto, se requiere fortalecer las capacidades institucionales para prevenir, investigar y sancionar el delito.

Exigen aplicar la nueva Ley General contra la Extorsión

Frente al crecimiento registrado durante el primer semestre, Coparmex sostiene que el desafío ya no consiste únicamente en reconocer la existencia del problema, sino en garantizar que las herramientas legales disponibles funcionen de manera efectiva.

La organización empresarial reclama concluir la homologación de las legislaciones estatales con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, así como garantizar los recursos necesarios para que las fiscalías locales puedan operar unidades especializadas en la investigación de este delito.

También plantea dar seguimiento al trabajo de las fiscalías mediante los Centros Empresariales de Coparmex, con el propósito de identificar avances y pendientes, además de verificar la implementación de las medidas previstas por la legislación.

Otro de los puntos planteados por el sector empresarial es la instalación de inhibidores de comunicación en los centros penitenciarios, una medida contemplada en la propia Ley General y dirigida a impedir que desde esos espacios se realicen llamadas utilizadas para cometer extorsiones.

En mayo, Coparmex ya había anunciado que daría seguimiento, estado por estado, a la homologación de las legislaciones locales y a la aplicación de la nueva legislación contra la extorsión.

La preocupación empresarial tiene una explicación que va más allá de las estadísticas. Cuando un comerciante decide no abrir su negocio por temor, cuando una empresa incorpora el pago de una extorsión como parte de sus costos o cuando una persona evita denunciar porque considera que hacerlo puede ponerla en mayor riesgo, la inseguridad deja de ser solamente un asunto policial y comienza a modificar la vida económica y social de una comunidad.

Coparmex insiste en que la seguridad es una condición indispensable para generar empleo, mantener abiertas las empresas y atraer inversión. La organización ha advertido que sin Estado de derecho se debilita la confianza y que sin confianza se dificulta construir un entorno de crecimiento sostenido.

Los datos del primer semestre colocan nuevamente a la extorsión en el centro de la discusión sobre seguridad pública. Las 6 mil 562 víctimas registradas oficialmente representan el nivel más alto para un primer semestre en 11 años, pero la propia existencia de una cifra oculta cercana al 97 por ciento obliga a mirar más allá de los números.

El reto para las autoridades será lograr que las leyes aprobadas se traduzcan en investigaciones, sanciones y protección efectiva para quienes padecen este delito. Para las empresas y para miles de ciudadanos, la respuesta institucional no es una cuestión abstracta: puede determinar si un negocio permanece abierto, si una familia se siente segura y si una persona se atreve, finalmente, a denunciar.