Un episodio de violencia política quedó registrado en video en el municipio de Medellín de Bravo, donde el director de Gobernación del ayuntamiento, Santos Álvarez de Dios, profirió una amenaza de muerte contra el excandidato de Movimiento Ciudadano, Guillermo “Memo” Herrada Jiménez, en medio de una protesta ciudadana por presuntas irregularidades electorales.
Los hechos ocurrieron el 12 de abril de 2026 durante una manifestación encabezada por Herrada, quien junto a otros ciudadanos denunció una supuesta intromisión del gobierno municipal —vinculado a Morena— en el proceso de elección de agentes municipales. La protesta escaló cuando el exaspirante confrontó al funcionario local, lo que derivó en un intercambio verbal y físico que quedó documentado en una transmisión en vivo.
En los videos difundidos en redes sociales se observa a Santos Álvarez acercarse de manera agresiva a Herrada, a quien presuntamente golpeó y escupió. En ese contexto, se escucha con claridad la frase “¡Te voy a matar!”, pronunciada por el servidor público, lo que ha generado indignación y exigencias de investigación por parte de actores políticos y ciudadanos.
El propio Herrada responsabilizó públicamente al funcionario por cualquier daño que pudiera sufrir él o su familia, al tiempo que denunció intimidación y abuso de poder. La confrontación ocurrió mientras el excandidato transmitía en vivo, lo que permitió que el momento se viralizara rápidamente y colocara el caso en el centro del debate público local y nacional.
De acuerdo con los reportes, la protesta tenía como origen la inconformidad por proselitismo e intervención de autoridades municipales en las elecciones comunitarias, lo que intensificó el clima de tensión en la localidad.
El caso ha reavivado cuestionamientos sobre el uso de las instituciones municipales con fines políticos y la conducta de funcionarios vinculados a Morena, en un contexto donde opositores denuncian prácticas de intimidación y presión en procesos locales. La difusión del video ha alimentado señalamientos de que autoridades actúan con respaldo político, lo que —según críticas de diversos sectores— debilita los contrapesos institucionales y la rendición de cuentas.
En ese sentido, el episodio se inserta en una discusión más amplia sobre la presunta falta de independencia de órganos encargados de impartir justicia y sancionar conductas indebidas de actores políticos, particularmente cuando se trata de funcionarios asociados al partido en el poder. Analistas y opositores han advertido que la ausencia de sanciones contundentes en casos similares ha contribuido a una percepción de impunidad y a la idea de que las instituciones operan con sesgos favorables a Morena.
La confrontación en Medellín de Bravo ocurre en un estado con antecedentes de violencia política y contra actores críticos del poder. Casos como el asesinato del periodista Moisés Sánchez Cerezo han sido citados recurrentemente como ejemplo de los riesgos que enfrentan quienes denuncian irregularidades en ámbitos locales, en un entorno donde las autoridades han sido señaladas por omisiones o complicidad.
Hasta el momento, no se ha informado de una sanción inmediata contra el funcionario involucrado, mientras crece la presión pública para que las autoridades investiguen los hechos y garanticen la seguridad del excandidato. El caso, captado en tiempo real y difundido masivamente, se ha convertido en un nuevo foco de tensión política que pone bajo escrutinio la actuación de gobiernos municipales y la capacidad de las instituciones para actuar con imparcialidad frente a abusos de poder.
