En un nuevo episodio de la violencia que azota a Oaxaca, Pedro Martínez Barroso, expresidente municipal de San Juan Cacahuatepec y militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue asesinado la tarde de este lunes 13 de julio.
Según reportes preliminares de la Fiscalía General del Estado (FGEO), el ataque ocurrió al interior de una ferretería ubicada sobre la calle Ignacio Zaragoza, en pleno centro del municipio de la Costa Chica, limítrofe con Guerrero. Un sujeto armado ingresó al establecimiento y disparó directamente contra él, privándolo de la vida en el lugar.
Martínez Barroso, ingeniero de profesión, gobernó San Juan Cacahuatepec durante el trienio 2022-2024 bajo la coalición PAN-PRI-PRD. En las elecciones de 2024 buscó la reelección por el PVEM, aunque no resultó favorecido. Recientemente formaba parte del equipo técnico de Vivienda y Bienestar del gobierno estatal.
Oaxaca lamentó profundamente el fallecimiento de su compañero y exigió a las autoridades esclarecer los hechos “hasta las últimas consecuencias”. “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos”, señalaron en un comunicado.
Este homicidio se suma a una preocupante lista de asesinatos de autoridades y exautoridades en Oaxaca en 2026. Apenas el domingo 12 de julio fue asesinado el presidente municipal de San Miguel Yogovana. Hace un mes, el 13 de junio, mataron a Joel Bravo Martínez, alcalde de San Miguel Amatitlán. En total, van al menos cuatro exalcaldes ejecutados este año, incluyendo casos como Carlos Orocio Cruz en San Juan Quiahije y otros en diferentes regiones del estado.
La Costa de Oaxaca, una zona históricamente compleja por conflictos agrarios, presencia de grupos armados y límites con Guerrero, registra alta incidencia de violencia. El caso de Martínez Barroso ha generado indignación en redes y entre la clase política local, donde se reitera el llamado a las autoridades para romper el círculo de impunidad que rodea estos crímenes.
Hasta el momento, la FGEO ha acordonado la zona, recabado indicios balísticos y trasladado el cuerpo para la necropsia correspondiente. No se han reportado detenciones.
Que las investigaciones avancen con celeridad y se haga justicia. México no puede seguir normalizando la ejecución de quienes han servido en cargos públicos.
