La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí (SSPCE) confirmó que la presunta privación ilegal de la libertad de Miguel Ángel Almaraz Maldonado, presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, ocurrió sobre la carretera San Tiburcio–Vanegas, en territorio del estado de Zacatecas, y no en jurisdicción potosina. El comunicado oficial, difundido en las primeras horas del domingo 8 de noviembre de 2026, se basó en los primeros datos recabados y en el testimonio de una de las personas afectadas.
Según la información oficial y reportes coincidentes de medios, Almaraz Maldonado viajaba la tarde del sábado 7 de noviembre acompañado de familiares e integrantes de su equipo, aparentemente con destino a Real de Catorce, en San Luis Potosí. Personas armadas interceptaron las dos camionetas en las que se desplazaba el grupo. Los agresores retuvieron al alcalde y abandonaron a varios de sus acompañantes sobre la carretera. Estos lograron trasladarse hasta el municipio de Cedral, San Luis Potosí, donde solicitaron auxilio a las autoridades.
Tras recibir el reporte, la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí activó un operativo en la zona limítrofe entre ambas entidades y estableció coordinación con las autoridades de Zacatecas y las instancias federales correspondientes para contribuir a la localización de las personas involucradas. Hasta el momento de los reportes disponibles la mañana del domingo 8 de noviembre, las autoridades no habían informado oficialmente sobre la localización del alcalde ni habían esclarecido por completo las circunstancias de los hechos. Circulaban versiones extraoficiales sobre una posible liberación, pero carecían de confirmación institucional.
Miguel Ángel Almaraz Maldonado es presidente municipal de Río Bravo desde 2024, cargo que obtuvo como candidato de la coalición formada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Su trayectoria política incluyó una etapa inicial vinculada al PRD, postulaciones independientes y su posterior incorporación al PAN. Estudió Derecho y Contaduría Pública en la Universidad Mexicoamericana del Norte, en Reynosa.
En 2009 fue detenido por autoridades federales en el marco de una investigación relacionada con presunto robo y tráfico de hidrocarburos (huachicol). Permaneció privado de su libertad aproximadamente seis años en un centro federal y recuperó la libertad en 2015 sin que se acreditara una sentencia condenatoria en ese proceso.
El caso se enmarca en un contexto de violencia recurrente contra autoridades municipales en diversas regiones de México. Río Bravo, municipio fronterizo de Tamaulipas, ha enfrentado en distintos momentos tensiones relacionadas con la presencia de grupos delictivos. Algunos reportes locales mencionaron bloqueos viales ocurridos semanas antes en el municipio tras la detención de un presunto integrante del Cártel del Golfo, aunque no existe confirmación oficial de que estos eventos guarden relación directa con la privación de libertad del alcalde.
La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas indicó que revisaba la información y no descartaba ninguna línea de investigación. Mientras tanto, en Río Bravo se convocó a una manifestación pacífica frente a la Presidencia Municipal para exigir la localización y liberación del edil, con llamados de ciudadanos a respaldar a quien, según expresaron en redes, “siempre estuvo para el pueblo”.
La precisión geográfica realizada por la SSPCE de San Luis Potosí resulta relevante porque delimita la jurisdicción competente y orienta los esfuerzos de búsqueda. La dependencia potosina subrayó que su participación se limita a la coordinación y al despliegue en la zona limítrofe, dado que los hechos ocurrieron en Zacatecas. Las labores de búsqueda y las investigaciones continuaban activas al cierre de los reportes del domingo por la mañana. Las autoridades se comprometieron a informar conforme se generen avances oficiales.
Este tipo de agresiones contra funcionarios locales genera preocupación por la seguridad de las autoridades municipales y pone de relieve los retos de coordinación interinstitucional entre estados vecinos. Hasta el momento, no se han reportado detenciones de presuntos responsables ni se ha dado a conocer un comunicado conjunto formal de las fiscalías involucradas que precise el estado de salud o el paradero de Miguel Ángel Almaraz Maldonado.
