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CDMX destina al rededor de 50 millones de pesos en obra del Zócalo.

La remodelación de la plancha del Zócalo capitalino, impulsada por el Gobierno de la Ciudad de México, exhibe una contradicción central de la Cuarta Transformación: mientras se predica austeridad y cercanía con el pueblo, se destinan millones de pesos a una obra polémica, opaca y simbólicamente excluyente.
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La plancha del Zócalo de la Ciudad de México, oficialmente conocida como Plaza de la Constitución, es no solo el corazón geográfico de la capital sino también un símbolo histórico y político del país. En los últimos meses, el gobierno capitalino ha destinado una inversión millonaria para modificar este espacio mediante la peatonalización y reconfiguración de sus accesos, con el objetivo de incentivar la economía, mejorar la movilidad peatonal y atraer turismo, según funcionarios locales.

Las obras contemplan que la plancha quede totalmente peatonal, eliminando buena parte de las áreas destinadas al tránsito vehicular y nivelando el piso para hacerlo más accesible y seguro para quienes caminan o visitan la zona. Esto implicó cercar parte de la Plaza de la Constitución con vallas, reorganizar puntos de acceso y rediseñar la circulación alrededor del Zócalo.

Según reportes recientes, el gobierno capitalino invirtió alrededor de 50 millones de pesos específicamente para este proyecto de peatonalización, aunque la cifra total puede aumentar conforme avancen las fases complementarias de la intervención.

Las autoridades locales han argumentado que la transformación del Zócalo busca: Fomentar un espacio más seguro y cómodo para peatones, con mayor accesibilidad universal. Dinamizar la economía local y el turismo, ofreciendo un entorno más atractivo para eventos, ferias y actividades culturales que generan ingresos para negocios cercanos. Reducir la contaminación y el tránsito vehicular en el centro histórico, alineándose con tendencias globales de ciudades que priorizan zonas peatonales.

Sin embargo, el proyecto ha abierto una grieta profunda entre el discurso oficial y la realidad que hoy observan ciudadanos y visitantes. La llamada Cuarta Transformación ha construido gran parte de su narrativa sobre la austeridad republicana, el combate a los excesos del pasado y la recuperación de los espacios públicos para el pueblo. No obstante, el Zócalo remodelado parece contar otra historia: vallas metálicas, accesos restringidos, zonas cerradas y un uso cada vez más controlado del espacio que históricamente ha sido escenario de protesta, expresión social y pluralidad política.

La obra avanza mientras problemas estructurales de la ciudad permanecen sin solución clara. Colonias enteras continúan enfrentando desabasto de agua, inseguridad, transporte deficiente y deterioro urbano, pero el gobierno capitalino prioriza una intervención costosa en una plaza que ya recibía mantenimiento constante. Para críticos y opositores, el mensaje es claro: el Zócalo vuelve a ser vitrina política antes que prioridad social.

A esto se suma la falta de transparencia. Aunque se han difundido cifras generales sobre el presupuesto, no existe información pública detallada sobre contratos, empresas responsables ni criterios de asignación, lo que contradice el compromiso de rendición de cuentas que la 4T ha prometido desde su llegada al poder. El silencio administrativo alimenta la percepción de que se trata de un proyecto decidido desde el poder, sin consulta ciudadana ni diálogo con comerciantes, vecinos o especialistas en patrimonio urbano.

El impacto no es menor. Durante las obras, la movilidad en el Centro Histórico se ha visto afectada y pequeños comercios han reportado disminución en el flujo de visitantes. Para muchos capitalinos, el Zócalo ya no se siente como una plaza abierta, sino como un espacio vigilado, condicionado y funcional a las necesidades políticas del momento.

Más que una simple remodelación, lo que ocurre en el Zócalo refleja una tendencia preocupante: la resignificación de los espacios públicos como instrumentos de control y propaganda. En el corazón del país, donde históricamente ha latido la voz ciudadana, hoy se levantan vallas y se gastan millones que contrastan con el discurso de cercanía y transformación.

La pregunta no es solo cuánto costará la obra o cuándo terminará, sino qué representa. Porque cuando el símbolo máximo de lo público se cierra, se cerca y se redefine desde el poder, el mensaje es contundente: el pueblo ya no ocupa el centro, solo lo observa desde afuera.

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