El exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, defendió este fin de semana su renuncia al cargo tras los hechos ocurridos en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, en la Sierra Tarahumara. En una intervención pública, el exfuncionario explicó que su salida, formalizada el 27 de abril de 2026 con carácter irrevocable, tuvo como propósito central evitar cualquier interferencia en las investigaciones que la propia Fiscalía General del Estado debía realizar sobre el operativo.
Jáuregui sostuvo que el caso tiene un claro trasfondo político y advirtió que lo ocurrido abre un debate de fondo sobre la democracia y la independencia de las instituciones en México. En su mensaje, cuestionó abiertamente si la actuación de las autoridades federales y estatales podría terminar beneficiando a los grupos de narcotraficantes afectados por la desarticulación de uno de los laboratorios clandestinos de metanfetamina más grandes que se han localizado en el país.
El operativo en El Pinal se llevó a cabo entre el 17 y el 19 de abril de 2026. En él participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua y del Ejército Mexicano. Se desmantelaron varios laboratorios clandestinos y se aseguraron grandes cantidades de precursores y droga sintética. Sin embargo, durante el descenso de la sierra, un accidente vial cobró la vida de cuatro personas: dos agentes de la AEI —entre ellos su director— y dos ciudadanos estadounidenses que posteriormente fueron identificados como agentes de la CIA.
La presencia de los extranjeros sin la debida autorización federal generó un escándalo de alcance nacional. Jáuregui reconoció en su momento omisiones en la información y en la gestión institucional respecto a los contactos con personal extranjero, y presentó su renuncia irrevocable ante la gobernadora María Eugenia Campos Galván. Desde entonces ha mantenido una postura firme: asumió la responsabilidad política, pero ha negado haber cometido delito alguno.
En mensajes previos a su detención, el 17 de octubre de 2026, Jáuregui reiteró que “si hoy tuviera que tomar nuevamente la decisión de desarticular el narcolaboratorio de Morelos, lo volvería a hacer”, porque “lo verdaderamente imperdonable hubiera sido ser omiso y tibio en el combate al crimen organizado”. También afirmó: “A mí no me van a doblar”.
La Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy, lo acusa de traición a la patria por permitir la intervención de agentes extranjeros en acciones que, según la FGR, corresponden exclusivamente a las autoridades federales y atentan contra la soberanía nacional. En el fuero estatal enfrenta cargos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Tras su detención, un juez descartó la prisión preventiva en el ámbito local, pero la FGR lo trasladó al penal federal del Altiplano para enfrentar el proceso federal.
Jáuregui ha insistido en que su comparecencia ante la FGR se realizó únicamente en calidad de testigo y que nunca tuvo carácter de indiciado en las carpetas iniciales. Considera que el desmantelamiento del laboratorio representó un golpe importante al crimen organizado y que el reconocimiento debe centrarse en los agentes que participaron y, especialmente, en quienes perdieron la vida.
El caso ha generado un intenso debate sobre los límites de la cooperación internacional en materia de seguridad, las facultades de las fiscalías estatales frente a la Federación y el uso político de las investigaciones. Mientras las autoridades federales sostienen que se violó el pacto federal y la Ley de Seguridad Nacional, el exfiscal mantiene que su decisión de actuar contra el narcolaboratorio fue correcta y que su renuncia buscó precisamente preservar la autonomía de las investigaciones institucionales.
La audiencia para determinar su vinculación a proceso en el ámbito federal se mantiene pendiente, en un contexto en el que el propio Jáuregui ha colocado el asunto en el terreno de la defensa de la democracia y de la independencia de las instituciones frente a lo que considera un trasfondo político.
