Durante la presidencia de Rosario Piedra Ibarra, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) destinó un total de 156 millones de pesos a contratos de renta de inmuebles en todo el país, todos adjudicados de forma directa, según revela una investigación de Emeequis.
Entre los principales beneficiarios se encuentran:
Inmuebles Jereaga S.A. de C.V., con más de 65 millones de pesos en contratos.
Neurocolumna S.A. de C.V., con más de 7 millones, pese a haber sido sancionada por la SFP en 2018 por simulación de competencia.
PAAP S.A. de C.V., con alrededor de 17 millones por rentas de oficinas.
El caso: la tía de Andy López Beltrán
Un caso resonante es el de Leticia Beltrán Hernández, tía de Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, secretario de Organización de Morena y uno de los hijos del expresidente López Obrador. La CNDH arrendó durante tres años una residencia de 411 m² en Villahermosa, Tabasco, pagándole 29,203 pesos mensuales (350,436 pesos anuales) por contrato anual.
A lo largo del periodo 2020–2022 el organismo erogó un total de 1 051 308 pesos por el uso del inmueble.
Evolución del gasto en rentas
Según datos oficiales disponibles, el monto destinado a rentas de la CNDH creció sostenidamente:
Año — Gasto en rentas
2019 — $29.8 millones
2020 — $26.7 millones
2021 — $27.3 millones
2022 — $31.9 millones
2023 — $33.1 millones
2024 — $37.3 millones
El incremento acumulado del 2019 al 2024 representa aproximadamente un 25 % de crecimiento en el gasto anual en arrendamientos.
Respuesta y contexto político
Desde noviembre de 2019 —cuando Rosario Piedra asumió el cargo tras un proceso polémico— la CNDH se comprometió a aplicar un plan de austeridad que incluía revisar inmuebles rentados o en propiedad y valorar su funcionalidad. A pesar de ello, los contratos siguieron bajo adjudicación directa.
Leticia Beltrán Hernández, arrendadora del inmueble en Tabasco, no tiene vínculo laboral con la CNDH ni está inhabilitada legalmente, según registros del contrato público CNDH/OM/ARR/023/2021.
Hasta el momento no se ha conocido ninguna postura oficial formulada por la CNDH sobre estas rentas ni los posibles conflictos de interés.
¿Qué está en juego?
La revelación abre varios ángulos de preocupación política e institucional:
Vinculación familiar y política: alquilar a la tía del hijo de una figura prominente de Morena podría percibirse como ejercicio de favoritismo.
Contratación sin concurso: todos los contratos revisados fueron por adjudicación directa, sin procesos competitivos visibles.
Contrapeso ciudadano: evidencia una brecha entre los compromisos de austeridad y la práctica operativa de la CNDH.
En contexto, Rosario Piedra fue reelegida por Morena en noviembre de 2024 para un nuevo periodo que concluirá en 2029. La continuidad de prácticas como estas sin rendición de cuentas podría erosionar la percepción sobre la independencia y probidad del organismo.
Más que una cifra, los 156 millones en rentas y el pago a la tía de un dirigente morenista evidencian una lógica de concentración de contratos y opacidad institucional. El caso plantea preguntas clave sobre los criterios de adjudicación, el ejercicio presupuestal y la separación entre vínculos personales y decisiones públicas.
