Los negocios farmacéuticos de “El Clan”, la red de tráfico de influencias vinculada a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se extienden ahora al gobierno de Claudia Sheinbaum. De acuerdo con una investigación de Latinus, la empresa Biosistemas y Seguridad Privada —identificada como pieza clave en esa red— fue beneficiada en la reciente megacompra de medicamentos de la administración federal con adjudicaciones por cerca de 23 millones de pesos.
La firma, que ya había sido señalada durante el sexenio anterior por vender productos médicos a sobreprecio y obtener contratos millonarios sin licitaciones competitivas, vuelve a estar en el centro de la polémica. En 2023, operó bajo la dirección de Amílcar Olán, señalado como eje de la red de corrupción conocida como “El Clan”. Según la investigación, Olán habría ganado licitaciones en dos delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) gracias a información privilegiada y a sus vínculos con Alejandro Calderón Alipi, ex titular del IMSS-Bienestar, y Daniel Asaf, jefe de la Ayudantía en la Presidencia y amigo cercano de Andy López Beltrán, hijo del entonces presidente López Obrador.
El nuevo contrato, asignado durante el actual gobierno, consolida la presencia de este grupo en el sector público de salud. Biosistemas y Seguridad Privada surtirá más de 280 mil piezas de medicamentos, principalmente destinadas al IMSS. Sin embargo, los registros de la propia Secretaría de Salud muestran que la empresa incumplió con alrededor de 25 mil piezas que debieron entregarse en junio pasado, lo que cuestiona su fiabilidad como proveedor.
La situación es más preocupante si se considera que en 2024 la Cofepris emitió dos alertas sanitarias por medicamentos fabricados en la India e importados por Biosistemas y Seguridad Privada para su venta al sector público. Dichas alertas advertían sobre irregularidades en la calidad y procedencia de los fármacos, lo que pone en duda la seguridad de los insumos adquiridos en esta megacompra.
El reportaje de Latinus destaca que las adjudicaciones no pasaron por un proceso abierto de competencia, sino que fueron asignadas dentro de una operación masiva de adquisición de medicamentos impulsada bajo el gobierno de Sheinbaum. La “megacompra” buscaba garantizar el abasto nacional, pero la inclusión de una empresa previamente señalada por corrupción y sanciones sanitarias ha desatado cuestionamientos sobre los criterios de selección y la transparencia del proceso.
En círculos políticos, la polémica ha adquirido dimensiones mayores. Por un lado, se percibe como una continuidad de las prácticas de favoritismo y tráfico de influencias que caracterizaron los contratos de salud durante el sexenio de López Obrador; por otro, como un riesgo para la credibilidad del nuevo gobierno, que había prometido una gestión más rigurosa y ética en el manejo del gasto público.
Hasta el momento, no existe una explicación pública detallada por parte de la Secretaría de Salud ni del IMSS sobre la adjudicación a Biosistemas y Seguridad Privada, ni se han difundido los expedientes técnicos que justifiquen su participación. La falta de claridad alimenta las sospechas sobre posibles conflictos de interés y la ausencia de controles efectivos en una de las compras más importantes del sector salud en los últimos años.
Si bien la megacompra fue presentada como un esfuerzo por fortalecer el suministro de medicamentos, los hallazgos de Latinus revelan un trasfondo de conexiones políticas, favoritismos y alertas regulatorias que ponen en entredicho los compromisos de transparencia. La presencia de “El Clan” en este proceso no solo revive las acusaciones de corrupción del sexenio pasado, sino que también plantea interrogantes sobre la continuidad de esas redes de poder en la nueva administración federal.
En un país donde el acceso a medicamentos de calidad es un asunto de vida o muerte para millones de personas, el caso de Biosistemas y Seguridad Privada se convierte en un símbolo de las tensiones entre política, negocios y salud pública. Lo que debería ser una estrategia de abastecimiento eficiente podría transformarse en otro capítulo de impunidad, a menos que las autoridades competentes investiguen y transparenten de manera urgente cada una de las adjudicaciones otorgadas.
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Los negocios farmacéuticos de “El Clan”, la red de tráfico de influencias vinculada a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se extienden ahora al gobierno de Claudia Sheinbaum. De acuerdo con una investigación de Latinus, la empresa Biosistemas y Seguridad Privada —identificada como pieza clave en esa red— fue beneficiada en la reciente megacompra de medicamentos de la administración federal con adjudicaciones por cerca de 23 millones de pesos.
La firma, que ya había sido señalada durante el sexenio anterior por vender productos médicos a sobreprecio y obtener contratos millonarios sin licitaciones competitivas, vuelve a estar en el centro de la polémica. En 2023, operó bajo la dirección de Amílcar Olán, señalado como eje de la red de corrupción conocida como “El Clan”. Según la investigación, Olán habría ganado licitaciones en dos delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) gracias a información privilegiada y a sus vínculos con Alejandro Calderón Alipi, ex titular del IMSS-Bienestar, y Daniel Asaf, jefe de la Ayudantía en la Presidencia y amigo cercano de Andy López Beltrán, hijo del entonces presidente López Obrador.
El nuevo contrato, asignado durante el actual gobierno, consolida la presencia de este grupo en el sector público de salud. Biosistemas y Seguridad Privada surtirá más de 280 mil piezas de medicamentos, principalmente destinadas al IMSS. Sin embargo, los registros de la propia Secretaría de Salud muestran que la empresa incumplió con alrededor de 25 mil piezas que debieron entregarse en junio pasado, lo que cuestiona su fiabilidad como proveedor.
La situación es más preocupante si se considera que en 2024 la Cofepris emitió dos alertas sanitarias por medicamentos fabricados en la India e importados por Biosistemas y Seguridad Privada para su venta al sector público. Dichas alertas advertían sobre irregularidades en la calidad y procedencia de los fármacos, lo que pone en duda la seguridad de los insumos adquiridos en esta megacompra.
El reportaje de Latinus destaca que las adjudicaciones no pasaron por un proceso abierto de competencia, sino que fueron asignadas dentro de una operación masiva de adquisición de medicamentos impulsada bajo el gobierno de Sheinbaum. La “megacompra” buscaba garantizar el abasto nacional, pero la inclusión de una empresa previamente señalada por corrupción y sanciones sanitarias ha desatado cuestionamientos sobre los criterios de selección y la transparencia del proceso.
En círculos políticos, la polémica ha adquirido dimensiones mayores. Por un lado, se percibe como una continuidad de las prácticas de favoritismo y tráfico de influencias que caracterizaron los contratos de salud durante el sexenio de López Obrador; por otro, como un riesgo para la credibilidad del nuevo gobierno, que había prometido una gestión más rigurosa y ética en el manejo del gasto público.
Hasta el momento, no existe una explicación pública detallada por parte de la Secretaría de Salud ni del IMSS sobre la adjudicación a Biosistemas y Seguridad Privada, ni se han difundido los expedientes técnicos que justifiquen su participación. La falta de claridad alimenta las sospechas sobre posibles conflictos de interés y la ausencia de controles efectivos en una de las compras más importantes del sector salud en los últimos años.
Si bien la megacompra fue presentada como un esfuerzo por fortalecer el suministro de medicamentos, los hallazgos de Latinus revelan un trasfondo de conexiones políticas, favoritismos y alertas regulatorias que ponen en entredicho los compromisos de transparencia. La presencia de “El Clan” en este proceso no solo revive las acusaciones de corrupción del sexenio pasado, sino que también plantea interrogantes sobre la continuidad de esas redes de poder en la nueva administración federal.
En un país donde el acceso a medicamentos de calidad es un asunto de vida o muerte para millones de personas, el caso de Biosistemas y Seguridad Privada se convierte en un símbolo de las tensiones entre política, negocios y salud pública. Lo que debería ser una estrategia de abastecimiento eficiente podría transformarse en otro capítulo de impunidad, a menos que las autoridades competentes investiguen y transparenten de manera urgente cada una de las adjudicaciones otorgadas.
