El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y varios de sus homólogos estatales emitieron un inusual posicionamiento público en el que solicitaron al Senado de la República, al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a las autoridades financieras investigar las presuntas inconsistencias patrimoniales, fiscales y de intereses del senador Adán Augusto López Hernández, uno de los personajes más cercanos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
El pronunciamiento, firmado por integrantes de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana (CPC) del SNA, exigía una verificación oficial y transparente de la información que ha circulado en los últimos días sobre supuestos movimientos patrimoniales irregulares y posibles conflictos de interés del exsecretario de Gobernación. Sin embargo, pocas horas después de su publicación, el documento fue retirado de las redes oficiales del Sistema, lo que desató una controversia interna y denuncias de censura.
Vania Pérez Morales, presidenta del Comité Coordinador del SNA y una de las principales impulsoras del comunicado, denunció públicamente que la consejera Patricia Talavera habría ejercido presiones para eliminar el pronunciamiento y hostigado al equipo que lo difundió. “Ciudadanos representantes de diversos Comités de Participación Ciudadana, y yo, lanzamos esta mañana este comunicado, fruto del trabajo colectivo por la integridad pública. Queremos una investigación a profundidad por las discrepancias en la declaración patrimonial y fiscal del senador Adán Augusto. Pero ante presiones de una consejera del Comité CPC y acoso al equipo de apoyo, se ordenó bajarlo de las redes. Como mexicana que lucha por la integridad en mi país, rechazo la censura”, publicó Pérez Morales en su cuenta de X. Y ante lo cual relanzaron un comunicado exigiendo la investigación y denunciando la censura.
El texto eliminado pedía formalmente al Senado, al SAT y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revisar con detalle las declaraciones patrimoniales y fiscales del legislador tabasqueño, así como los posibles vínculos entre su patrimonio y contratos asignados a empresas con nexos políticos durante su paso por la Secretaría de Gobernación. Los firmantes subrayaban que el objetivo no era acusar sin pruebas, sino garantizar transparencia y rendición de cuentas de un funcionario con alto perfil político.
El caso se produce en un momento delicado para el gobierno federal y el movimiento oficialista, ya que Adán Augusto López es considerado uno de los aliados más influyentes de la presidenta Sheinbaum y figura clave en la interlocución con el Congreso. La reacción del entorno político no se hizo esperar: mientras algunos legisladores de oposición respaldaron el llamado del SNA como una muestra de independencia institucional, operadores cercanos al oficialismo calificaron el comunicado como un intento de desestabilización interna.
Hasta el momento, ni el Senado ni el SAT han emitido pronunciamiento alguno sobre la solicitud. Tampoco se ha aclarado oficialmente si el retiro del comunicado fue una decisión colegiada o una instrucción unilateral dentro del Comité de Participación Ciudadana. Sin embargo, la polémica ya escaló a un nivel nacional al evidenciar fracturas dentro del propio Sistema Nacional Anticorrupción, una institución creada precisamente para garantizar la autonomía y vigilancia del poder público.
Con la censura del comunicado y las denuncias de presiones internas, el caso Adán Augusto se ha convertido en un nuevo capítulo de tensión entre los organismos ciudadanos anticorrupción y las estructuras políticas que deberían ser objeto de su escrutinio. En palabras de Vania Pérez Morales, “la integridad pública no puede depender del silencio ni del miedo”.
