La Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada (ENBG), el llamado “censo” de desapariciones impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2023, ha quedado oficialmente descontinuada tras evidenciarse errores tan graves que imposibilitan la validación de la información recabada. La administración de Claudia Sheinbaum Pardo, que al inicio de su mandato aseguró que continuaría con el plan, ha optado por sustituirlo por una revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) centrada en el número de carpetas de investigación abiertas, un giro que ha generado incertidumbre y críticas entre colectivos de familiares y especialistas en derechos humanos.
Desde su creación en mayo de 2023, la ENBG pretendía ofrecer “certeza” sobre el número real de desapariciones en México, un país con uno de los índices más altos de personas ausentes en el mundo. Sin embargo, la estrategia se vio marcada por irregularidades de fondo: la falsificación de firmas tanto de víctimas como de funcionarios en los cuestionarios aplicados a familias, la pérdida de cientos de documentos recabados durante las visitas casa por casa y la eliminación de registros del RNPDNO sin procedimientos formales, según fuentes que conocen el expediente. Estos errores, descubiertos en una revisión interna en junio de 2024, desarticularon el censo antes de que pudiera ser consolidado y difundido públicamente.
El abandono de este ejercicio coincidió con la demora en la publicación de resultados oficiales y con el desmantelamiento de los mecanismos de recolección de datos: a partir de abril de 2024 se interrumpieron las entrevistas presenciales en estados, se cerró el centro telefónico que daba seguimiento a llamadas con familiares de personas desaparecidas y el Gobierno federal dejó de informar de forma regular sobre localizaciones. Durante meses, el tema prácticamente desapareció de la agenda pública federal, a pesar de la constante presión de madres buscadoras y colectivos de víctimas.
Fue hasta una conferencia matutina el 14 de noviembre de 2025 cuando la presidenta Sheinbaum sorprendió con el anuncio de una revisión integral del RNPDNO, que actualmente registra más de 133,000 personas desaparecidas y no localizadas. La mandataria explicó que, conforme a las reformas a la Ley General en Materia de Desapariciones aprobadas en junio pasado, solo se considerará como desaparecida a una persona si existe una carpeta de investigación abierta. Este criterio, dijo, busca subsanar que en el pasado se registraron nombres sin datos adicionales ni indicación de quién los había ingresado a la plataforma.
El nuevo enfoque, que según el Gobierno debe incluir indicadores como número de personas localizadas, cuántas permanecen desaparecidas, cuántas son ausencias voluntarias y cuántos casos están vinculados con la delincuencia organizada, está previsto para ser dado a conocer oficialmente en los próximos días. Sin embargo, esta modificación ha sido recibida con escepticismo por activistas y organizaciones civiles, que advierten del riesgo de que el fenómeno de desapariciones se convierta en un asunto meramente administrativo y penal. Para grupos como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, condicionar la contabilización de una desaparición a la apertura de una carpeta de investigación penal puede excluir a familias que, por desconfianza hacia el Ministerio Público o temor a represalias, no han denunciado formalmente ante las fiscalías.
Las críticas también señalan que el nuevo cómputo podría reducir artificialmente las cifras de víctimas al reclasificar casos como “ausencias voluntarias”, pese a que muchas familias y organismos defensores sostienen que la falta de comunicación no implica voluntariedad sino, en muchos casos, negligencia institucional o vínculos de criminalidad. La presidenta ha defendido el cambio argumentando que la precisión técnica del registro requiere criterios jurídicos claros, aunque esto ha chocado con la percepción de quienes consideran que la ENBG, pese a sus fallas, representaba una apuesta más amplia para visibilizar la crisis de desapariciones en México.
El colapso del censo y su sustitución por un conteo basado en carpetas de investigación expone, además, las tensiones entre la urgente necesidad de cifras confiables y la compleja realidad institucional del país. A la par, la discusión pública sobre desapariciones sigue marcada por debates sobre subregistro, transparencia y la participación de las propias familias en la definición de políticas públicas que afectan directamente sus derechos y su búsqueda de verdad y justicia.
Este replanteamiento de la estrategia federal de búsqueda llega en un momento en que las desapariciones en México continúan creciendo, con índices diarios que, según diversos análisis, rondan las decenas de personas sin localizar, y con organizaciones internacionales observando con atención la respuesta del Estado ante esta crisis de derechos humanos persistente.
