La noche del jueves 8 de enero de 2026 quedó marcada por un episodio más de violencia extrema contra la libertad de expresión en México: el periodista Carlos Leonardo Castro, de 26 años, fue asesinado a balazos por sujetos armados dentro del restaurante familiar “TrogueBirria”, ubicado en la avenida 20 de Noviembre, en la colonia Cazones de Poza Rica. El comunicador, conocido por su labor en la cobertura de seguridad y hechos delictivos, perdió la vida de manera violenta alrededor de las 19:00 horas, cuando los agresores irrumpieron en el establecimiento y dispararon de forma directa contra él.
Castro dirigía el portal informativo Código Norte Veracruz y había colaborado con diversos medios regionales como Vanguardia, Noreste, La Opinión de Poza Rica y Enfoque, consolidándose en la región norte del estado como una voz crítica en materia de seguridad pública. Además de sus labores periodísticas, el joven se encontraba en el lugar del ataque desempeñando actividades cotidianas junto a su familia cuando fue atacado sin mediar palabra. Hasta el cierre de esta edición no se reportan detenciones relacionadas con el crimen, y las autoridades mantienen abierta la investigación correspondiente.
Colegas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión han señalado que Castro había denunciado amenazas derivadas de su trabajo y que, en 2024, la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) le había otorgado medidas de protección que, según testimonios, dejaron de estar vigentes tras su salida temporal del estado. El propio gobierno federal confirmó que las medidas de protección que le habían sido otorgadas quedaron sin efecto cuando el periodista se mudó fuera de Veracruz y no fueron renovadas a su regreso.
El Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra los Periodistas emitió una condena contundente, subrayando que la existencia de mecanismos de protección no puede equivaler a “vulnerabilidad ni un respaldo insuficiente ante agresiones extremas”, y exigió a las autoridades una investigación “pronta, exhaustiva, profesional e imparcial” que considere la labor periodística de Castro como la línea principal de investigación. Asimismo, se reclamó esclarecer el cumplimiento y la efectividad de las medidas de protección previamente otorgadas y su ausencia al momento del atentado.
La fiscalía estatal de Veracruz, apoyada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Municipal y la Guardia Nacional, acordonó la zona tras el ataque y abrió una carpeta de investigación para localizar a los responsables y determinar el móvil del homicidio. Sin embargo, la indignación en el gremio de comunicadores se profundiza ante la reiteración de agresiones letales contra periodistas en la entidad.
Veracruz se ha consolidado como uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo en México. De acuerdo con datos de la CEAPP, entre 2005 y 2024 se registraron al menos 31 asesinatos de periodistas en la entidad, junto con desapariciones y agresiones permanentes que evidencian un clima de impunidad y violencia estructural.
El contexto nacional tampoco es alentador: organismos internacionales como Reporteros Sin Fronteras han situado a México entre los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, apenas detrás de zonas en conflicto abierto como Palestnia, lo que subraya la gravedad de la situación y el riesgo constante al que se enfrentan quienes informan sobre crimen, seguridad y corrupción en el país.
Con el asesinato de Carlos Castro, la prensa veracruzana y nacional lamenta la pérdida de un comunicador joven y comprometido, mientras familiares, compañeros y defensores de derechos humanos exigen justicia y llaman a fortalecer los mecanismos de protección para evitar que esta violencia siga arrebatando voces y vidas en México.
