El empresario mexicano Rafael Zaga Tawil fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE, y permanece bajo custodia en el Centro de Detención del Condado de Glades, en Florida, de acuerdo con el propio sistema oficial de localización de detenidos de la autoridad estadounidense. La captura ocurre en medio de un prolongado proceso judicial en México relacionado con un presunto fraude al Infonavit, caso que ha estado marcado por reveses legales para la Fiscalía y cuestionamientos sobre la actuación de tribunales.
Zaga Tawil es investigado por su papel como directivo de la empresa Telra Realty, señalada por haberse beneficiado de una indemnización por 5 mil 80 millones de pesos autorizada por el Infonavit en 2017, tras la cancelación anticipada de un convenio para la recuperación y comercialización de vivienda abandonada. El acuerdo original, firmado en 2014, establecía que el Instituto aportaría los inmuebles, mientras la empresa asumiría la inversión para su rehabilitación y operación a través del Programa de Movilidad Hipotecaria.
El conflicto escaló luego de que, en 2017, el Consejo de Administración del Infonavit determinara concluir de manera anticipada la relación contractual y posteriormente aprobara el pago millonario a Telra, lo que detonó denuncias internas y una investigación penal. En enero de 2018, el propio Instituto presentó una querella ante la Fiscalía General de la República por el posible delito de uso ilícito de atribuciones, bajo la sospecha de que la empresa no contaba con la capacidad técnica para cumplir los compromisos pactados.
Aunque en septiembre de ese año el Ministerio Público resolvió no ejercer acción penal, una juez de control revirtió la decisión en 2019 y ordenó continuar las indagatorias, abriendo un largo periodo de litigios. La Fiscalía intentó en diversas ocasiones imputar a Zaga Tawil por delincuencia organizada y lavado de dinero, pero sus abogados lograron anular o invalidar los procesos mediante amparos, argumentando inconsistencias constitucionales en las acusaciones.
Uno de los episodios más visibles del caso ocurrió en febrero de 2020, cuando el entonces fiscal general Alejandro Gertz Manero presentó en conferencia presidencial un cheque por 2 mil millones de pesos, supuestamente recuperados del llamado “Asunto Infonavit”, derivado de un criterio de oportunidad otorgado a empresarios vinculados al caso tras el congelamiento de sus cuentas por la Unidad de Inteligencia Financiera. Zaga Tawil rechazó ese procedimiento y denunció presiones y una persecución institucional en su contra.
El proceso también alcanzó a su entorno familiar. En abril de 2021, su hermano Teófilo Zaga Tawil fue detenido e internado en el penal federal del Altiplano, donde permaneció casi dos años antes de obtener su libertad en noviembre de 2023 tras un cambio de medida cautelar. Paralelamente, Rafael Zaga y su hijo obtuvieron un amparo definitivo que canceló órdenes de aprehensión por los delitos más graves; sin embargo, en 2024 la Fiscalía reactivó las solicitudes de captura, lo que evidenció la persistencia del litigio.
Fuentes cercanas al caso han señalado que, hasta el momento, no existe una orden de extradición activa contra el empresario detenido en Estados Unidos, lo que sugiere que su situación migratoria podría ser el eje de su actual retención por parte de ICE, más que una acción coordinada directa con autoridades mexicanas.
El caso Zaga Tawil se ha convertido en un ejemplo emblemático de las tensiones entre la Fiscalía y el Poder Judicial, en un contexto donde actores políticos y analistas han denunciado reiteradamente la falta de independencia de los tribunales y resoluciones que, acusan, han favorecido intereses del partido Morena. Aunque no existe una resolución judicial firme que vincule directamente estas decisiones con beneficios partidistas en este expediente específico, la reiterada anulación de imputaciones clave, así como la reactivación intermitente de órdenes de captura por parte de la Fiscalía, han alimentado la percepción de un sistema de justicia inconsistente y sujeto a presiones políticas.
A ello se suma la controversia mediática en torno al caso, que fue incluido en la serie de reportajes conocida como Televisa Leaks, donde se documentaron presuntas campañas de desprestigio vinculadas a intereses empresariales y políticos, lo que amplificó el debate público sobre el uso de la justicia con fines mediáticos.
La detención de Rafael Zaga Tawil en territorio estadounidense reabre un expediente que lleva más de una década sin una resolución definitiva en México y coloca nuevamente bajo escrutinio el desempeño de las autoridades judiciales y ministeriales, en medio de cuestionamientos persistentes sobre la imparcialidad y eficacia del sistema de justicia en casos de alto perfil económico y político.
