La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentará este lunes 13 de julio de 2026 una serie de denuncias penales ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y diversas fiscalías estatales para que se investiguen las muertes de 17 ciudadanos mexicanos ocurridas recientemente durante operativos migratorios o mientras permanecían bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). La decisión representa un cambio en la estrategia jurídica del Gobierno de México, que busca trasladar el reclamo del ámbito diplomático al judicial con el propósito de que se determinen responsabilidades penales.
La medida fue anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum y autoridades de la Cancillería, quienes aseguraron que las acciones legales buscan garantizar justicia para las víctimas y fortalecer la protección consular de los mexicanos en el exterior, sin afectar la cooperación bilateral entre ambos países.
SRE llevará las denuncias al Departamento de Justicia de Estados Unidos
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que las querellas serán presentadas ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y ante fiscalías estatales con competencia en los casos documentados.
El objetivo es que las autoridades estadounidenses investiguen los hechos y determinen si existieron conductas delictivas por parte de funcionarios o agentes involucrados en la muerte de ciudadanos mexicanos durante operativos migratorios o en centros de detención administrados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Según el Gobierno de México, esta estrategia responde a la necesidad de reforzar los mecanismos legales disponibles para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias.
De la protesta diplomática a la vía penal
La administración federal explicó que el envío de notas diplomáticas y las gestiones bilaterales realizadas en meses anteriores no produjeron resultados suficientes para esclarecer los casos ni prevenir nuevos incidentes.
Ante este escenario, la Cancillería optó por promover procedimientos penales directamente dentro del sistema judicial estadounidense, con la finalidad de que las investigaciones avancen conforme a la legislación de ese país y, en su caso, se finquen responsabilidades.
Las autoridades mexicanas subrayaron que la decisión no busca generar un conflicto diplomático con Washington, sino fortalecer la defensa de los derechos de los connacionales en el extranjero.
¿Cuántos mexicanos han muerto bajo custodia del ICE?
De acuerdo con el balance oficial presentado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, las denuncias abarcan 17 fallecimientos de ciudadanos mexicanos.
El registro incluye 14 personas que murieron mientras permanecían bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses y tres más que perdieron la vida durante operativos de detención.
Entre los expedientes que motivaron esta nueva estrategia legal figura el caso de Lorenzo Salgado Araujo, un migrante mexicano que falleció tras recibir disparos durante un operativo del ICE en Houston, Texas, hecho que provocó un amplio seguimiento por parte de las autoridades consulares mexicanas.
México también prepara acciones civiles contra empresas privadas
Además de las denuncias penales, la Cancillería informó que enviará cartas de “cese y desistimiento” (cease and desist) a las empresas privadas responsables de operar diversos centros de detención migratoria en Estados Unidos.
Estas notificaciones constituyen el paso previo para impulsar acciones civiles relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos, deficiencias en la atención médica y condiciones de internamiento que, según la SRE, deberán ser investigadas por las autoridades competentes.
México solicita apoyo de la ONU y la CIDH
Como parte de la estrategia internacional, el Gobierno de México solicitó la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, encabezado por Volker Türk, así como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La petición busca que ambos organismos den seguimiento a los casos y evalúen la adopción de medidas cautelares para proteger a ciudadanos mexicanos que permanecen bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses.
