Amnistía Internacional manifestó su profunda preocupación por la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en torno al caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, al considerar que la institución dejó de lado una investigación objetiva sobre las violaciones a los derechos humanos para respaldar la actuación del Estado mexicano.
A través de un pronunciamiento público, la organización internacional criticó el contenido de la Recomendación 208VG/2026 emitida por la CNDH, al señalar que el documento representa un retroceso en la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias. De acuerdo con Amnistía Internacional, la recomendación deslegitima el trabajo desarrollado durante años por instancias internacionales y organizaciones de la sociedad civil que han acompañado el caso desde sus primeras etapas.
La organización sostuvo que uno de los aspectos más preocupantes de la recomendación es el trato que otorga al trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), mecanismo internacional que documentó diversas irregularidades en las investigaciones oficiales y presentó hallazgos relevantes sobre la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
Según Amnistía Internacional, la postura asumida por la CNDH resta credibilidad a las investigaciones y análisis realizados por el GIEI, así como a las organizaciones de derechos humanos que han acompañado a las familias de los estudiantes desaparecidos durante más de una década. En ese sentido, advirtió que la recomendación podría afectar los avances alcanzados en materia de rendición de cuentas y reconocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en septiembre de 2014.
Otro de los puntos centrales del posicionamiento se refiere al deslinde de responsabilidades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La organización expresó que resulta especialmente preocupante que la CNDH sostenga en su recomendación que no existen evidencias suficientes para acreditar la participación de la institución castrense en los hechos, pese a que existen al menos 17 elementos militares vinculados a proceso por su presunta relación con el caso.
Amnistía Internacional recordó además que, a lo largo de las investigaciones, diversas autoridades y organismos han documentado obstáculos para el esclarecimiento de los hechos, entre ellos la falta de acceso a información relevante y la negativa de instancias militares a entregar documentación solicitada por los mecanismos encargados de la investigación. A juicio de la organización, estos elementos debieron ser considerados de manera integral antes de emitir conclusiones que eximan de responsabilidad a la Sedena.
En su pronunciamiento, la organización defensora de derechos humanos afirmó que la Recomendación 208VG/2026 debilita los estándares nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos y proyecta un mensaje preocupante respecto al compromiso institucional con el esclarecimiento de uno de los casos de desaparición forzada más emblemáticos en la historia reciente de México.
El caso Ayotzinapa continúa siendo objeto de seguimiento por organismos nacionales e internacionales debido a la magnitud de las violaciones denunciadas, la complejidad de las investigaciones y las demandas permanentes de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos para conocer la verdad de los hechos, sancionar a todos los responsables y garantizar la reparación integral del daño.
Hasta el momento, la CNDH mantiene vigente la Recomendación 208VG/2026 como parte de su postura institucional sobre el caso, mientras que Amnistía Internacional reiteró su llamado para que las autoridades mexicanas fortalezcan las investigaciones con apego a los estándares internacionales de derechos humanos, aseguren la plena colaboración de todas las instituciones involucradas y garanticen el acceso a la verdad y la justicia para las víctimas y sus familiares.
