El megaproyecto turístico “Perfect Day México”, impulsado por la compañía Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, se ha convertido en uno de los focos más intensos de confrontación ambiental, política y social en el sureste mexicano. Con una inversión anunciada de mil millones de dólares y la promesa de transformar el puerto Costa Maya en uno de los destinos turísticos más ambiciosos de América Latina, organizaciones ambientalistas, habitantes y defensores legales advierten que la obra amenaza con alterar de manera irreversible uno de los ecosistemas más frágiles del Caribe mexicano.
La empresa pretende construir el complejo sobre más de 107 hectáreas en Mahahual, una comunidad pesquera de poco más de 2.600 habitantes localizada al sur de Quintana Roo. El proyecto contempla más de 30 toboganes acuáticos, seis piscinas, tres playas artificiales, 12 restaurantes y 24 bares, además de infraestructura para recibir hasta 20 000 visitantes diarios a partir de 2027. La iniciativa busca replicar el modelo turístico que Royal Caribbean consolidó en CocoCay, en Las Bahamas, una isla privada convertida en parque recreativo para cruceristas.
El desarrollo comenzó a tomar forma tras la adquisición del puerto Costa Maya por parte de Promociones Turísticas Mahahual, filial de Royal Caribbean, en julio de 2025, mediante una operación valuada en más de 221 millones de dólares. Desde entonces, la compañía ha impulsado modificaciones urbanísticas y administrativas para adecuar la zona al complejo turístico.
La magnitud del proyecto detonó protestas de organizaciones ambientalistas como Greenpeace, cuyos activistas desplegaron recientemente una manta frente al Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México con el mensaje: “Perfect Day, toboganes o protección ambiental, esa es la cuestión”. La protesta formó parte de la campaña “México al grito de ¡Selva!”, mediante la cual denuncian supuestas irregularidades en el proceso de autorización y posibles afectaciones severas al manglar, al arrecife y a cientos de especies de flora y fauna que habitan la región.
De acuerdo con Greenpeace, la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por la empresa contiene inconsistencias técnicas y omisiones relevantes sobre los efectos acumulativos del proyecto. La organización entregó desde febrero un documento de más de 100 páginas ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el que advierte sobre riesgos asociados a la destrucción de manglares, el incremento de residuos sólidos y la presión hídrica y urbana que implicaría un flujo masivo de visitantes en una localidad con infraestructura limitada.
La Semarnat respondió públicamente que el proyecto continúa en fase de evaluación ambiental y que, hasta ahora, no cuenta con autorización federal para su construcción ni operación. La dependencia subrayó que cualquier resolución deberá considerar la protección del arrecife mesoamericano y de los ecosistemas costeros.
El tema alcanzó también el ámbito político federal. La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó inicialmente la llegada de inversiones extranjeras vinculadas al desarrollo turístico y al Tren Maya, incluyendo la apuesta de Royal Caribbean. En octubre de 2024 destacó el proyecto como una muestra de confianza internacional en México y como una oportunidad de desarrollo para el sur de Quintana Roo.
Sin embargo, ante las críticas recientes, la mandataria matizó su postura y sostuvo que ningún proyecto puede avanzar si pone en riesgo el arrecife de la zona. Señaló que la Semarnat revisa las condiciones ambientales necesarias y afirmó que, de concretarse, el desarrollo tendría que ajustarse a estrictas condicionantes ecológicas.
Royal Caribbean, por su parte, aseguró que el complejo se desarrolla bajo cumplimiento de la legislación mexicana y supervisión ambiental federal. La compañía sostuvo que cerca de 45 hectáreas de manglar y selva dentro del predio serán preservadas y que el diseño prioriza la conservación y restauración de ecosistemas sensibles. También afirmó que parte importante del terreno ya presentaba impactos previos antes del anuncio del proyecto.
No obstante, las disputas legales se mantienen activas. La organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, conocida como DMAS, promovió diversos amparos contra el cambio de uso de suelo aprobado por autoridades municipales de Othón P. Blanco. La abogada Irma Morales, integrante de la organización, sostiene que las modificaciones urbanísticas fueron aprobadas en un proceso acelerado y sin garantizar mecanismos adecuados de participación ciudadana.
Según la defensa legal, el cambio de uso de suelo fue autorizado en diciembre de 2025 para las empresas Cielo Asoleado y Promociones Turísticas Mahahual sobre una superficie de 107.67 hectáreas. Los activistas alegan que el procedimiento omitió estudios integrales y consultas públicas previstas en la legislación estatal.
Uno de los amparos promovidos por DMAS había conseguido una suspensión definitiva que impedía temporalmente la gestión de permisos ambientales ante autoridades municipales, estatales y federales. Sin embargo, semanas después la resolución fue revocada por tribunales federales al considerar improcedente la demanda presentada por la organización.
Paralelamente, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró de manera temporal parte de las obras preliminares en enero pasado tras detectar actividades de relleno, compactación y demolición en zonas con presencia de manglar sin autorización federal en materia de impacto ambiental. La dependencia informó que la superficie afectada superaba los 17 000 metros cuadrados.
La controversia también refleja la fractura social existente en Mahahual. Mientras sectores vinculados al turismo de cruceros ven en el proyecto una oportunidad económica y temen perder inversiones y empleos si la iniciativa se detiene, otros habitantes consideran que el desarrollo amenaza la identidad del poblado y profundizará problemas de acceso al agua, servicios públicos y conservación ambiental.
Luciana, residente de Mahahual desde hace 15 años y dedicada de manera independiente al buceo, considera que el proyecto representa una agresión al entorno natural y cultural de la región. Asegura que el modelo turístico planteado prioriza beneficios empresariales por encima de las necesidades de la comunidad y del equilibrio ecológico del Caribe mexicano.
La disputa en torno a Perfect Day se perfila así como uno de los casos más relevantes sobre desarrollo turístico, protección ambiental y presión inmobiliaria en el actual sexenio. Mientras la evaluación ambiental federal continúa abierta, el futuro de Mahahual se debate entre la promesa de inversión multimillonaria y el temor de que el modelo de turismo masivo transforme de manera definitiva uno de los últimos corredores ecológicos costeros del sur de Quintana Roo.
