En medio del debate público sobre la rendición de cuentas de autoridades estatales, David Olivo, coordinador nacional de proyectos prioritarios de Movimiento Ciudadano, planteó que los gobernadores de Baja California y Tamaulipas deberían separarse de sus cargos bajo criterios de “congruencia política”, en un contexto marcado por cuestionamientos recientes hacia mandatarios estatales.
Durante una intervención en el espacio radiofónico de Radio Fórmula, Olivo argumentó que la licencia solicitada por el gobernador de Sinaloa responde no solo a presiones institucionales, sino a un cúmulo de señalamientos y manifestaciones sociales que, según expuso, se habían acumulado con anterioridad. En ese sentido, cuestionó el momento en que se concretó dicha decisión y sostuvo que debió haberse producido antes, a partir del contexto de inconformidad social y cobertura mediática.
El representante del partido naranja subrayó que, a su juicio, la actuación de autoridades estatales debe estar sujeta a estándares de ética pública y responsabilidad política, particularmente ante señalamientos que involucren posibles vínculos con actividades ilícitas. En su intervención, hizo referencia a la revocación de visas por parte de autoridades estadounidenses a funcionarios mexicanos, señalando que ese tipo de medidas debería detonar procesos de revisión interna en el país.
Olivo afirmó que, hasta el momento, no existen señalamientos públicos por parte del gobierno de Estados Unidos contra gobernadores emanados de Movimiento Ciudadano, aunque reconoció que cualquier acusación debe sustentarse en pruebas. En contraste, insistió en que mandatarios de otras fuerzas políticas han enfrentado cuestionamientos que, desde su perspectiva, ameritarían una separación temporal del cargo mientras se desarrollan investigaciones.
El dirigente también evocó antecedentes históricos, como la remoción de gobernadores durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, para ilustrar que la separación del cargo ante escándalos no es un hecho inédito en la vida política nacional. Bajo esa lógica, planteó que la actual coyuntura demanda decisiones similares cuando existan presiones sociales o indicios de irregularidades.
Asimismo, enfatizó que la exigencia de mayor seguridad continúa como una deuda estructural en México, señalando que la ciudadanía ha demandado resultados durante al menos dos décadas. En este contexto, sostuvo que cualquier funcionario, independientemente de su filiación partidista, debe ser investigado y, en su caso, separado del cargo si se acredita algún vínculo con el crimen organizado.
