La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, informó que la investigación contra los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, por el delito de contrabando de hidrocarburos, derivó en el aseguramiento de aproximadamente 10 millones de litros de diésel alojados en un buque en el puerto de Altamira, Tamaulipas.
El caso forma parte de una de las redes de “huachicol fiscal” más grandes detectadas en los últimos años. Según la FGR, los hermanos Farías Laguna, ex altos mandos de la Secretaría de Marina (uno con grado de vicealmirante y el otro de contralmirante), habrían encabezado una estructura criminal conocida como “Los Primos”.
La organización operó principalmente en los puertos de Altamira y Tampico, así como en otras aduanas marítimas del país. El esquema consistía en introducir combustible desde Estados Unidos mediante documentación falsa, declarándolo como aditivos o aceites lubricantes para evadir el pago de impuestos. De esta forma, se lograba el ingreso ilegal de millones de litros de diésel y gasolina.
Godoy detalló que la red involucraba a servidores públicos, agentes aduanales y empresas fachada que facilitaban las revisiones simuladas, la manipulación de registros y el posterior lavado de dinero. Los hermanos Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, habrían controlado nombramientos y movimientos de personal en las aduanas para garantizar el paso de los buques.
El aseguramiento del buque en Altamira fue uno de los primeros golpes importantes contra la organización y permitió a las autoridades reconstruir la estructura criminal. Posteriormente se realizaron cateos en bodegas y predios vinculados a los involucrados, donde se hallaron documentos clasificados, listas de personal naval, armas y evidencia de operaciones financieras ilícitas.
Ambos hermanos se encuentran actualmente detenidos y enfrentan cargos por delincuencia organizada, contrabando de hidrocarburos, operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros delitos relacionados. La FGR ha subrayado que no se trató de un contrabandista aislado, sino de una compleja red que operó durante varios años causando un daño millonario al erario público.
El caso continúa bajo investigación y se espera que se presenten más indiciados conforme avancen las pesquisas.
