La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó este sábado 17 de octubre que la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una orden de aprehensión contra César Jáuregui Moreno, ex fiscal general de Chihuahua, por su presunta responsabilidad en el delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional. La detención se realizó en la ciudad de Chihuahua después de una investigación que comprendió más de 100 actos de gabinete y de campo.
Según detalló Godoy en un mensaje difundido por las redes de la FGR, Jáuregui habría ordenado y coordinado un operativo irregular realizado entre el 17 y el 19 de abril de 2026 en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua. En esa intervención participaron de manera encubierta dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos. Posteriormente, la propia FGR aseguró y desmanteló un laboratorio clandestino de producción de drogas sintéticas en la zona.
La fiscal general subrayó que la seguridad interior es una atribución exclusiva de la Federación. Permitir la intervención de fuerzas extranjeras en acciones que corresponden únicamente a las autoridades federales “atenta contra la soberanía y la integridad de la Nación, al encontrarse expresamente prohibido por la Constitución”. Godoy señaló que la autoridad estatal carecía de facultades para realizar ese tipo de operativos y que, además, omitió informar oportunamente a las instancias federales. En cambio, según la investigación, se comunicó a personas extranjeras.
La carpeta de investigación establece que la participación de los dos ciudadanos estadounidenses no tenía justificación. Los agentes habían acudido en varias ocasiones a instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua sin causa justificada. Tras el operativo, un accidente vehicular durante el descenso de la sierra provocó la muerte de dos servidores públicos de la Fiscalía de Chihuahua y de los dos estadounidenses.
Horas antes de la detención federal, policías estatales ya habían cumplimentado otra orden de aprehensión contra Jáuregui por delitos del fuero local, entre ellos ejercicio indebido del servicio público y coalición. Jáuregui había renunciado al cargo el 27 de abril, poco después de los hechos.
Godoy enfatizó que las entidades federativas no pueden asumir facultades reservadas a la Federación ni transferir potestades públicas a autoridades extranjeras. La Ley de Seguridad Nacional prohíbe expresamente este tipo de actuaciones. La investigación federal determinó que el operativo se realizó sin haber abierto previamente una carpeta de investigación por delitos federales y que la notificación a las fuerzas federales se hizo de manera precipitada e indebida.
La detención marca un punto alto en la tensión entre la Federación y autoridades estatales en materia de seguridad. Godoy presentó el caso como un ataque al pacto federal y a la división de poderes. La FGR continúa con las diligencias y Jáuregui enfrenta ahora un proceso por uno de los delitos más graves contemplados en el ordenamiento jurídico mexicano.
El anuncio generó reacciones inmediatas en el ámbito político y jurídico. La fiscal general insistió en que se trata de una imputación basada en evidencias recolectadas durante meses de investigación y no de una sentencia. El caso pone de relieve los límites constitucionales de la colaboración internacional en operaciones de seguridad dentro del territorio nacional y reafirma la postura de la FGR de no tolerar intervenciones extranjeras no autorizadas.
