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FGR sufre otro revés judicial en la Estafa Maestra

El nuevo fallo vuelve a colocar bajo escrutinio la solidez de las investigaciones de la Fiscalía en uno de los mayores casos de presunta corrupción y desvío de recursos
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La Fiscalía General de la República (FGR) sufrió un nuevo revés judicial en uno de los expedientes relacionados con la llamada “Estafa Maestra”. Un tribunal federal revocó la vinculación a proceso de Enrique González Tiburcio, quien se desempeñó como subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante la gestión de Rosario Robles.

El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México determinó por unanimidad que la Fiscalía no presentó elementos suficientes para sostener, en esta etapa del proceso, la probable responsabilidad del exfuncionario por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

El caso estaba relacionado con un convenio por 100 millones 925 mil 730 pesos celebrado con el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSCO), operación que la FGR consideraba parte de las irregularidades investigadas dentro de la “Estafa Maestra”.

Sin embargo, los magistrados concluyeron que la Fiscalía no aportó datos de prueba mínimos que permitieran establecer que González Tiburcio hubiera firmado el convenio cuestionado o que, por el cargo que ocupaba, tuviera las facultades necesarias para responder penalmente por esa operación.

Otro tropiezo para la FGR en la “Estafa Maestra”

La resolución se suma a otros reveses que la FGR ha enfrentado en investigaciones relacionadas con el esquema de contratación mediante el cual dependencias federales canalizaron recursos públicos a universidades y posteriormente a empresas, algunas de ellas sin capacidad para realizar los servicios contratados.

Uno de los casos más relevantes fue el de Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social y exsecretaria de Sedatu. Los tribunales determinaron el cierre definitivo del proceso penal en su contra por el delito de ejercicio indebido del servicio público, al considerar que los hechos atribuidos correspondían al ámbito administrativo y no al penal.

A este antecedente se han añadido resoluciones relacionadas con exdirectivos universitarios. En distintos expedientes, jueces federales han dejado sin efecto órdenes de aprehensión al considerar que las acusaciones de la Fiscalía no estaban respaldadas inicialmente por elementos suficientes para acreditar delitos como lavado de dinero o delincuencia organizada.

¿Qué significa el fallo contra González Tiburcio?

La decisión del tribunal no implica que los hechos relacionados con el contrato hayan quedado acreditados como legales ni que desaparezcan las investigaciones sobre la llamada “Estafa Maestra”. El punto central de la resolución es la insuficiencia de los datos presentados por la FGR para vincular penalmente a González Tiburcio con esa operación específica.

La resolución también evidencia uno de los principales obstáculos que han enfrentado las acusaciones de la FGR en estos expedientes: demostrar, con elementos concretos, la participación y responsabilidad penal individual de los funcionarios y particulares señalados.

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