El exlíder de Podemos y exvicepresidente del Gobierno de España, Pablo Iglesias Turrión, ha vuelto al centro del debate político mexicano tras revelarse que su empresa registrada en México, Agitprop Iglesias & Armendariz S. de R.L. de C.V., ha recibido contratos con recursos públicos del Gobierno Federal por cifras que superan los 2.6 millones de pesos, generando una intensa polémica en sectores políticos, mediáticos y de la sociedad civil.
La firma, constituida en 2025 y vinculada al proyecto mediático Canal RED Latinoamérica, ha celebrado múltiples convenios con distintas dependencias del Ejecutivo federal para la prestación de servicios vinculados a campañas de difusión, producción de contenidos y espacios publicitarios. Hasta ahora se conocen contratos adjudicados con la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad, entre otras.
Entre los pagos registrados, destaca uno de aproximadamente 190 mil pesos por un banner publicitario en el sitio https://diario-red.com, el portal digital asociado al ecosistema mediático de Iglesias, según datos compartidos en redes sociales por periodistas como Jorge García Orozco y replicados por medios de comunicación. Otros montos incluyen alrededor de 280 mil 760 pesos por servicios a la Secretaría del Bienestar, casi 490 mil pesos por trabajos para la SEP, 499 mil 480 pesos por parte de la SEGOB, 500 mil pesos desde la SCT, 499 mil 190 pesos desde Salud y 331 mil 660 pesos desde Seguridad Pública. Estas cifras, sumadas, superan los 2 millones 600 mil pesos en pagos estatales.
Los contratos, otorgados en gran parte durante 2025 y vinculados principalmente a la producción de materiales para la difusión del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, han sido objeto de críticas y cuestionamientos en México. Sus detractores señalan que la mayoría del tráfico reportado por el medio —como la supuesta cifra de “531 mil visitantes únicos al mes”— proviene mayoritariamente desde España, lo que, en su opinión, pone en duda la utilidad real para la población mexicana de los servicios contratados.
Además de la magnitud de los montos, la polémica política se ha centrado en la relación del proyecto mediático de un político extranjero con el Gobierno mexicano y la asignación de recursos públicos para financiar contenidos que, de acuerdo con críticos, podrían tener una orientación ideológica favorable al gobierno en turno. Organismos de análisis político y columnistas han destacado la presencia de Inna Afinogenova, exdirectora editorial de medios con vínculos internacionales, como parte de este proyecto, lo que intensifica las suspicacias sobre su línea editorial y objetivos comunicativos.
El debate se da en un contexto de creciente escrutinio ciudadano sobre el uso de recursos públicos en comunicación y medios, especialmente aquellos con posibles sesgos políticos, al tiempo que se discute la regulación de contenidos extranjeros, la soberanía informativa y los mecanismos de adjudicación de contratos gubernamentales en México.
