La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio un paso concreto este 31 de agosto de 2026 para fortalecer el uso de acero producido en México en las obras del gobierno federal. A través de un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, reformó las reglas que regulan la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional en las contrataciones de obras públicas. Por primera vez, los materiales de acero de fabricación nacional utilizados en la construcción podrán sumarse al cálculo del porcentaje de contenido nacional de los proyectos.
Hasta ahora, la fórmula para medir el contenido nacional en obras públicas contemplaba principalmente materiales distintos a los de construcción directa, así como maquinaria y equipo de instalación permanente. Con la reforma, el valor del acero nacional incorporado a la infraestructura también podrá contabilizarse. Esto amplía de manera significativa las posibilidades de que el gasto público impulse de forma directa a la industria siderúrgica mexicana.
El porcentaje de acero nacional no será un número fijo para todos los proyectos. Se establecerá caso por caso, tomando en cuenta la disponibilidad real de producción en el país, la calidad exigida por las especificaciones técnicas, los plazos de entrega y las características particulares de cada obra. Las empresas que resulten adjudicadas deberán presentar la documentación que acredite el cumplimiento de los porcentajes comprometidos, y las dependencias y entidades tendrán la obligación de verificar, al momento de recibir los materiales, que éstos correspondan con lo establecido en el procedimiento de contratación.
Esta modificación no surge de manera aislada. Es una de las primeras consecuencias concretas del Acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana, firmado el 29 de abril de 2026 por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo junto con 19 instituciones públicas y tres cámaras empresariales, entre ellas la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero). El convenio se enmarca dentro del Plan México y tiene como objetivo central que el poder de compra del Estado se convierta en una herramienta para fortalecer la producción nacional, las cadenas productivas y el empleo.
El acuerdo se estructura en tres ejes. El primero es el de compras públicas, que contempla la coordinación entre dependencias, la organización de encuentros de negocio entre compradores gubernamentales y empresas siderúrgicas, y la aplicación de incentivos como puntos o porcentajes adicionales para favorecer el contenido nacional y criterios de sostenibilidad. El segundo eje es el de política industrial, orientado a la defensa frente a prácticas desleales de comercio, la promoción de proveedores mexicanos y una estrategia de sustitución de importaciones. El tercero se refiere al financiamiento, con incentivos específicos para que los proyectos de infraestructura incorporen acero producido en el país.
En el acto de firma del acuerdo, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, subrayó que el objetivo es generar mecanismos que garanticen la creación de empleo, el crecimiento económico y la industrialización, bajo la premisa de que “donde el Gobierno compra, el pueblo gana”. Por su parte, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, dimensionó la magnitud de la demanda: solo en 2026 el gobierno federal requerirá alrededor de 150 mil toneladas de acero de refuerzo y 50 mil toneladas de acero estructural para carreteras, puentes, escuelas y centros deportivos. A lo largo del sexenio se proyecta un consumo superior al millón de toneladas, especialmente ligado a los proyectos de trenes de pasajeros.
La industria siderúrgica mexicana enfrenta un entorno complejo. Opera por debajo de su capacidad instalada, ha visto reducidas sus exportaciones a Estados Unidos por aranceles y enfrenta una fuerte penetración de importaciones. Según datos del sector, el consumo nacional de acero ronda los 28 millones de toneladas anuales, de las cuales una parte importante sigue proviniendo del extranjero. El acuerdo y las nuevas reglas de contenido nacional buscan revertir esa tendencia al priorizar lo producido en territorio mexicano.
El sector privado, a través de las cámaras firmantes, se comprometió a garantizar la calidad de los productos, asegurar el abasto y las entregas oportunas, ofrecer precios competitivos en condiciones de mercado e impulsar una mayor incorporación de acero nacional en los proyectos públicos. Canacero ha destacado que estas medidas pueden contribuir a proteger cerca de 90 mil empleos directos e indirectos y a consolidar inversiones en curso.
Las nuevas disposiciones también refuerzan los mecanismos de verificación. No basta con declarar el uso de acero nacional: las empresas deberán acreditarlo documentalmente y las dependencias deberán comprobarlo en el momento de la recepción de los materiales. Esto busca dar mayor transparencia y certeza tanto a los productores nacionales como a la administración pública.
La publicación de este 31 de agosto representa, por tanto, la traducción en reglas operativas de un compromiso político firmado cuatro meses antes. Al incorporar el acero mexicano al cálculo del contenido nacional, el gobierno federal abre la puerta para que una mayor proporción del presupuesto destinado a infraestructura se traduzca en demanda real para las plantas siderúrgicas del país, con el potencial de generar empleo, fortalecer cadenas de valor y reducir la dependencia de importaciones en un material estratégico para la construcción.
La medida llega en un momento en el que el gobierno avanza en un ambicioso programa de infraestructura que incluye carreteras, puentes, escuelas, centros deportivos y, de manera destacada, la construcción y ampliación de trenes de pasajeros. En ese contexto, el acero nacional pasa de ser un insumo más a convertirse en un elemento que puede sumar puntos a favor en las evaluaciones de contenido nacional, incentivando su uso de manera sistemática.
