Durante el actual sexenio, el Ejército, 37 Fiscalías, policías y Comisiones de Búsqueda estatales adquirieron 168 licencias de dispositivos para la geolocalización y extracción de archivos de celulares y computadoras, con un gasto total de 459 millones 974 mil pesos. Aunque estas compras se justificaron para reforzar las investigaciones de delitos y la búsqueda de desaparecidos, ninguna de las instituciones involucradas detuvo a presuntos delincuentes ni rescató a víctimas, según la información proporcionada.
Entre las instituciones que realizaron estas adquisiciones se encuentran 22 Fiscalías estatales de entidades como Nuevo León, Hidalgo, Estado de México, Aguascalientes, Veracruz, Yucatán y Jalisco; seis Secretarías de Seguridad locales; seis Comisiones de Búsqueda de Tabasco, Puebla, Sinaloa, Baja California Sur, Chihuahua y Aguascalientes; la Policía Cibernética de Aguascalientes, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Secretaría General de Gobierno de Jalisco.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) incrementó significativamente la compra de dispositivos de vigilancia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en comparación con el sexenio de Enrique Peña Nieto, utilizándolos oficialmente solo en 116 ocasiones. No existe un padrón nacional de proveedores de estos softwares y dispositivos, pero la investigación revela la existencia de al menos 20 intermediarios, en su mayoría israelíes, que vendieron estas tecnologías al gobierno federal y locales entre 2018 y 2023.
Animal Político, en colaboración con el Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región (CAPIR), revisó cientos de contratos, presentó 710 solicitudes de acceso a la información y consultó con expertos en seguridad digital, confirmando que autoridades de 23 estados adquirieron estos softwares de vigilancia. Estos dispositivos pueden rastrear teléfonos en tiempo real y extraer información personal de dispositivos, como lo hicieron la Fiscalía de la Ciudad de México con el software TGR Dashboard y diversas Fiscalías estatales con los dispositivos UFED 4PC y Touch.
Pese a la inversión de 459 millones 974 mil pesos en estas tecnologías, no se reportaron resultados concretos en el combate a la delincuencia. Animal Político solicitó declaraciones de las instituciones involucradas, pero ninguna aceptó dar entrevistas ni responder sobre el uso de estos softwares y dispositivos.
La Sedena incrementó sus adquisiciones de dispositivos para extracción forense durante el sexenio de AMLO, gastando 20 millones 595 mil pesos en licencias de los productos UFED de Cellebrite entre 2019 y 2023. Aunque se incrementaron las adquisiciones, la Sedena apenas utilizó estas tecnologías 116 veces, sin solicitar autorización judicial para estas intervenciones.
A nivel nacional, autoridades de 23 entidades gastaron más de 436 millones 204 mil pesos en adquirir licencias para vigilancia entre 2018 y 2023. Sin embargo, la mayoría de las instituciones no respondió sobre el uso de estas tecnologías. Solo unas pocas confirmaron que las utilizaron en 54,847 ocasiones. Las demás instituciones negaron poseer información o la clasificaron como reservada.
Desde 2022, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha advertido sobre la falta de regulación para evitar el espionaje gubernamental, una situación que no ha cambiado en el sexenio de López Obrador. La ambigüedad en la legislación facilita las intervenciones ilegales, poniendo en riesgo la privacidad de los ciudadanos.
