Las irregularidades en el diseño, la construcción y la operación del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, uno de los ejes centrales del Corredor Interoceánico impulsado por el gobierno federal, fueron denunciadas desde 2019 por comunidades indígenas de la región, afirmó la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), luego del descarrilamiento de un tren de pasajeros ocurrido el 28 de diciembre en Oaxaca.
El accidente se registró en el tramo que va de Nizanda a Chivela, conocido como la curva de la Herradura, en el municipio de Ixtaltepec, cuando el tren que había salido de la estación de Salina Cruz con destino a Coatzacoalcos se salió de las vías. Para Ucizoni, el hecho no puede entenderse como un evento aislado, sino como la consecuencia de una serie de omisiones, fallas técnicas y violaciones a derechos humanos que han acompañado el proyecto desde su planeación y ejecución.
En un comunicado, la organización recordó que entre 2019 y 2025 denunció en distintos momentos graves violaciones a los derechos de los pueblos indígenas del Istmo, entre ellas una consulta que califican de simulada, realizada por el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas, así como prácticas de imposición de autoridades locales, división comunitaria, uso de la intimidación y condicionamiento de programas sociales. También señalaron episodios de represión directa por parte de fuerzas de seguridad federales y estatales, como el desalojo del campamento Tierra y Libertad en Mogoñe Viejo, Guichicovi, en abril de 2023.
Ucizoni subrayó que ya en febrero de 2022 alertó sobre las causas del descarrilamiento ocurrido el día 22 de ese mes en Palomares, Matías Romero, cuando advirtió irregularidades técnicas en los trabajos de rehabilitación, como el uso insuficiente de balastro y materiales de mala calidad. A su juicio, esos problemas estructurales no fueron corregidos y derivaron en nuevos incidentes.
De acuerdo con la organización, los descarrilamientos y afectaciones en la Línea Z del Ferrocarril del Istmo han sido constantes y están relacionados con la deficiente calidad de las obras realizadas por diversas constructoras. Las lluvias registradas en 2024 y 2025 agravaron la situación, al punto de obligar a suspender el servicio de carga y pasajeros durante varios periodos y, posteriormente, a reanudarlo de manera limitada, con apenas dos corridas semanales en el caso del transporte de personas.
La organización indígena también denunció actos de corrupción y violaciones a los derechos laborales de trabajadores de la empresa ABCD Arquitectura, encargada de la construcción de estaciones y del taller ferroviario en Matías Romero, Oaxaca, señalando que estas prácticas forman parte de un patrón de irregularidades vinculadas al megaproyecto.
En relación con el accidente más reciente, Ucizoni acusó una falta de protocolos claros de atención a emergencias por parte de la Secretaría de Marina, institución responsable de la operación del Ferrocarril del Istmo. Según el comunicado, elementos de la Marina y de la Guardia Nacional permanecieron pasivos mientras pobladores de Ixtaltepec, comuneros y cuerpos de bomberos de la región realizaron las labores de rescate de las personas heridas. El desorden y la ausencia de una coordinación efectiva durante las primeras horas posteriores al descarrilamiento fueron calificados como alarmantes.
La organización también puso en evidencia las limitaciones del sistema de salud en la región. Señaló que en el Hospital de Campo 37 del IMSS Bienestar, ubicado en Matías Romero, 18 personas heridas fueron trasladadas para su atención, pero después de más de ocho horas sin recibir servicios médicos adecuados, 12 de ellas tuvieron que ser referidas al Hospital del IMSS de régimen ordinario en Salina Cruz.
Ante este panorama, Ucizoni exigió al gobierno federal cumplir los compromisos adquiridos con las poblaciones de Matías Romero y Donají en materia de construcción de hospitales de segundo nivel, así como atender de manera integral a campesinos y pobladores afectados por las obras del Corredor Interoceánico. Asimismo, demandó una investigación a fondo sobre la calidad de los trabajos en la Línea Z, el castigo a los actos de corrupción de empresarios y funcionarios involucrados y sanciones contra la empresa ABCD Arquitectura por las violaciones laborales denunciadas.
La organización también reclamó mayor transparencia por parte de la Secretaría de Marina, al señalar el hermetismo que, aseguran, ha prevalecido en torno a la información sobre el estado de salud de las víctimas, lo que ha generado inconformidad entre sus familiares. Además, pidió la suspensión inmediata de las operaciones del Ferrocarril del Istmo hasta que se revise la calidad de las obras y se garantice la señalización adecuada en todos los cruces ferroviarios.
Finalmente, Ucizoni reconoció la solidaridad de los pobladores y comuneros, en particular de jóvenes de la comunidad binnizáa de Chivela Ixtaltepec, así como de los cuerpos de bomberos de Juchitán, Matías Romero y Salina Cruz, quienes actuaron como primeros respondientes. En su posicionamiento, la organización enfatizó que las principales víctimas de un megaproyecto impuesto son las comunidades del Istmo y advirtió que no se debe permitir la simulación ni el ocultamiento de información frente a una tragedia que, aseguran, pudo evitarse.
