En un país donde la fe católica sigue siendo pilar cultural para la mayoría de la población, resulta indignante que una procesión tan arraigada como la de Corpus Christi haya tenido que ser cancelada en su ruta tradicional del Centro Histórico de la Ciudad de México. La Arquidiócesis Primada, priorizando la seguridad de miles de fieles, tomó la difícil decisión ante los bloqueos persistentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que desde el 1 de junio mantiene un plantón indefinido en el Zócalo y calles aledañas.
Esta no es una simple molestia vial. Es la manifestación de un problema más profundo: el uso abusivo del espacio público por parte de un sector minoritario que, amparado en demandas legítimas o no, paraliza la vida de una metrópoli entera y vulnera derechos de terceros. La CNTE exige abrogación de la Ley del ISSSTE, aumentos salariales desproporcionados y mejoras laborales, mientras miles de familias católicas se ven privadas de una celebración eucarística que une fe, cultura e historia desde hace siglos.
Corpus Christi no es un evento privado; es una expresión pública de devoción que recorre las mismas calles que hoy están tomadas por lonas, mantas y maestros encapuchados. Derribar estatuas del Mundial 2026, vandalizar mobiliario urbano y bloquear accesos no solo daña la imagen de México ante el mundo —a escasas semanas del torneo— sino que revela una intolerancia preocupante hacia las tradiciones religiosas de la mayoría. ¿Dónde queda el respeto a la pluralidad que tanto pregonan algunos?
El gobierno federal y la CDMX enfrentan un dilema recurrente. Permitir plantones indefinidos en el corazón histórico equivale a ceder soberanía territorial a un grupo de presión. Afecta a más de 10 mil comercios del Centro, deja sin clases a millones de alumnos y genera pérdidas económicas millonarias. Peor aún: normaliza la idea de que ciertas demandas sindicales están por encima del bien común, la libertad religiosa y el derecho a la libre circulación.
No se trata de negar el derecho a la protesta. La CNTE tiene canales institucionales, mesas de diálogo y tribunales para ventilar sus inconformidades. Lo inaceptable es convertir el Zócalo en campamento permanente, usar niños como escudo en marchas y sabotear celebraciones que nada tienen que ver con sus reclamos. La tolerancia tiene límites cuando se transforma en impunidad.
Es momento de que las autoridades actúen con firmeza y proporcionalidad. Dialogar sí, pero también aplicar la ley cuando se violan derechos de terceros. La Iglesia, por su parte, demuestra madurez al trasladar las celebraciones a parroquias locales, pero esto no debe convertirse en precedente. La fe de un pueblo no puede seguir siendo rehén de cada conflicto sindical.
México necesita recuperar sus espacios públicos. Necesita un equilibrio donde las demandas laborales no aplasten la vida cultural y religiosa. Mientras el plantón continúe, seguiremos viendo cómo tradiciones que nos unen son desplazadas por divisiones que nos debilitan. Es urgente una solución definitiva, no parches temporales. Porque en un verdadero Estado de derecho, nadie —ni sindicato ni gobierno— tiene derecho a secuestrar la fe ni la ciudad de todos.
