El atentado armado contra el diputado local de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, ocurrido el pasado 28 de enero en Culiacán, debe investigarse sin descartar ninguna línea, incluida la posible participación de intereses sindicales o políticos que pudieron haber recurrido a la violencia para silenciar una voz crítica, sostuvo el ex gobernador de Sinaloa y excandidato presidencial del PRI, Francisco Labastida Ochoa.
En entrevista con el diario Reforma, Labastida consideró como una hipótesis atendible que “alguien interesado del sindicato pudo haber contratado a maleantes, a sicarios, para que le dispararan”, y subrayó que esa posibilidad no debería quedar fuera de las investigaciones oficiales. El ex mandatario recordó que Torres Félix ha sido una figura incómoda para distintos actores por su postura frontal frente a la violencia que aqueja a la entidad y por su trayectoria previa como dirigente sindical y alcalde de Culiacán.
Los hechos ocurrieron minutos después de que Torres Félix saliera del Congreso del Estado, cuando fue atacado a balazos junto con la diputada Elizabeth Montoya, también integrante de Movimiento Ciudadano. Ambos son los únicos representantes del partido naranja en el Poder Legislativo local. El ataque los dejó con lesiones de gravedad y motivó una oleada de condenas por parte de fuerzas políticas, organizaciones civiles y actores públicos, que exigieron esclarecer el atentado y frenar la espiral de violencia contra representantes populares.
Labastida, quien fue candidato presidencial del PRI en el año 2000, abundó sobre el perfil del legislador agredido en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui, en la que destacó que Sergio Torres Félix “tiene fama de hombre honesto y valiente”, cualidades que, a su juicio, explican tanto su carrera política como los riesgos que hoy enfrenta. Recordó que Torres fue líder del sindicato de trabajadores del municipio de Culiacán y posteriormente presidente municipal, dos posiciones que le dieron visibilidad y poder, pero también enemigos.
El ex gobernador señaló que existen al menos dos grandes vertientes que deben analizarse con seriedad. Por un lado, la crítica política directa que el diputado ha realizado desde la tribuna y en distintos espacios públicos contra el gobierno estatal, encabezado por Rubén Rocha Moya, particularmente en lo referente al clima de inseguridad, la violencia persistente y el endeudamiento creciente del estado para financiar obras y programas. Por otro, la disputa interna por el control del sindicato municipal de Culiacán, un espacio que históricamente ha sido objeto de pugnas de poder y que, según Labastida, no está exento de intentos de penetración por parte del crimen organizado.
“Ha hecho críticas muy fuertes sobre la violencia en el Estado, sobre la situación de Sinaloa, directamente al gobernador Rocha, y está en disputa también la nueva dirección del sindicato”,
explicó Labastida, quien consideró que ambas circunstancias pudieron generar tensiones suficientes como para detonar un ataque de esta magnitud. Añadió que es “muy usual que traten de utilizar a las organizaciones sociales como un sindicato para penetrar en la venta o control del narcotráfico”, lo que vuelve indispensable una investigación profunda que no se limite a explicaciones simplistas.
Al ser cuestionado sobre si resulta verosímil que el atentado esté relacionado con lo dicho por Torres Félix en el Congreso o en otros momentos de su confrontación con el poder, Labastida respondió que el diputado se ha caracterizado por decir lo que piensa “con todas las palabras, con todas las letras”, sin matices ni concesiones. Esa forma directa de ejercer la oposición, afirmó, lo ha llevado a criticar no sólo al gobernador, sino también a funcionarios específicos y a decisiones financieras que, desde su perspectiva, han deteriorado las finanzas públicas del estado.
En ese sentido, Labastida sostuvo que, en el terreno de la crítica política, la primera línea de investigación debería centrarse en los señalamientos hechos hacia el Ejecutivo estatal y su equipo, mientras que, en el ámbito de la disputa por el poder, resulta obligado indagar si el ataque guarda relación con el control del sindicato municipal. Para el ex gobernador, sólo una investigación exhaustiva, profesional y sin sesgos permitirá romper con la “corriente de impunidad” que, dijo, sigue marcando la vida pública de México.
Las declaraciones de Labastida se suman a un contexto de creciente preocupación por la seguridad de legisladores y actores políticos en Sinaloa, una entidad golpeada desde hace años por la violencia del crimen organizado y por la disputa de intereses económicos y políticos. El caso de Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya se ha convertido en un símbolo de los riesgos que enfrenta la oposición en un escenario donde la crítica abierta y la competencia por espacios de poder pueden tener consecuencias letales si no se garantiza el Estado de derecho.
