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Manuela Obrador, prima de AMLO y funcionaria, compra al contado Audi de más de $1 millón

Manuela del Carmen Obrador Narváez, prima del expresidente Andrés Manuel López Obrador, declaró en su más reciente modificación patrimonial la adquisición, al contado y sin financiamiento, de un vehículo Audi cuyo valor supera el millón de pesos.
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En un nuevo capítulo que reaviva el debate sobre la congruencia entre los principios de austeridad republicana y el ejercicio de la función pública en México, la delegada estatal de la Secretaría de Bienestar en Chiapas, Manuela del Carmen Obrador Narváez, prima del expresidente Andrés Manuel López Obrador, declaró en su más reciente modificación patrimonial la adquisición, al contado y sin financiamiento, de un vehículo Audi cuyo valor supera el millón de pesos. La información proviene de una investigación periodística del reportero Jorge García Orozco, publicada en Emeequis, que detalla cómo la funcionaria hizo constar en su declaración de bienes dicha compra realizada el 22 de enero de 2024, apenas unos meses después de asumir su encargo en septiembre de 2024.

La declaración de modificación patrimonial correspondiente al año 2025, consultada por este portal, revela que la actual titular del Bienestar en el estado sureño reportó la adquisición de un Audi híbrido de cinco puertas con un valor de 1 169 900 pesos, pagado en una sola exhibición. Además de este vehículo de lujo, Obrador Narváez declaró una Toyota Tacoma modelo 2023, camioneta de carga adquirida en julio de 2023 a crédito por 879 000 pesos. La suma de ambos vehículos supera los dos millones de pesos, cifras que contrastan con los ingresos formales que la propia funcionaria consigna en sus documentos oficiales.

Según su propia declaración, Manuela Obrador percibe una remuneración neta anual de 449 485 pesos por su cargo público, y un sueldo mensual neto de 104 000 pesos, montos que han generado cuestionamientos respecto a la capacidad de adquirir un bien de lujo y hacerlo de contado con esos ingresos reportados. Informes extraoficiales, como documentos de la Plataforma Nacional de Transparencia, muestran un salario mensual neto de alrededor de 108 133 pesos, sin que se registren ingresos adicionales por inversiones, bonos u otros apoyos privados o públicos que pudieran justificar la erogación de más de un millón de pesos en efectivo en un bien de alto valor.

La noticia ha provocado un intenso debate público y político, dada la cercanía de Obrador Narváez con el proyecto político que encarnó su primo durante seis años en la Presidencia de la República y la insistente retórica oficial sobre la austeridad como eje rector del ejercicio gubernamental. Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, la austeridad republicana fue un discurso constante para justificar recortes presupuestarios y restricciones al gasto, y por ello la compra de un vehículo de lujo por parte de un servidor público emparentado con el núcleo más cercano del expresidente ha encendido críticas sobre posibles contradicciones entre el discurso y la práctica de los principios que se promovían desde el gobierno federal, pero sobre todo, acerca del origen del dinero.

El perfil político de Manuela Obrador Narváez no es ajeno a la vida pública. Economista y docente de profesión, fue diputada federal por el Partido Morena en dos periodos consecutivos de 2018 a 2024, representando al Distrito 1 de Chiapas, y fue considerada en 2023 como aspirante a la candidatura para la gubernatura de ese estado, hasta que el propio López Obrador le pidió no competir para evitar una percepción de “mala imagen” por su parentesco con el mandatario. Su llegada al cargo en la Secretaría de Bienestar, que se encarga de la operación de programas sociales en el estado, se dio en un momento en que esas políticas eran objeto de escrutinio nacional y local, en medio de debates sobre eficiencia, transparencia y uso de recursos públicos.

Además de los vehículos, su declaración patrimonial incluye la posesión de cuatro bienes inmuebles adquiridos entre 2002 y 2019, entre ellos terrenos y una casa con amplio terreno. La combinación de estos activos ha generado preguntas entre analistas y opositores políticos sobre la evolución de su patrimonio a lo largo de los años, y sobre si las remuneraciones percibidas por cargos públicos dan cuenta de la totalidad de su capacidad económica para realizar compras de alto valor sin recurrir a financiamiento.

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