México descendió al puesto 118 de 142 países en el Índice Global de Estado de Derecho 2024, según el informe del World Justice Project (WJP).
De acuerdo con el informe, este retroceso refleja la debilidad del sistema judicial y la falta de avances significativos en áreas clave como el combate a la corrupción y la mejora en la seguridad pública.
El país obtuvo una calificación de 0.41 en una escala de 0 a 1, donde una mayor puntuación indica un estado de derecho más robusto. A nivel regional, México ocupó el lugar 28 de 32 países de América Latina y el Caribe, quedando por encima de Bolivia, Nicaragua, Haití y Venezuela, naciones que presentaron los peores desempeños.
El índice del WJP mide el estado de derecho en base a ocho factores fundamentales. En límites al poder gubernamental, México retrocedió al puesto 105, mientras que en ausencia de corrupción se posicionó en el lugar 135, a pesar de que mejoró levemente su puntuación en comparación con el año anterior. En otras áreas como gobierno abierto y derechos fundamentales, también retrocedió en el ranking global, con caídas en las posiciones que ocupaba en 2023.
En cuanto a orden y seguridad, el país se mantuvo en la posición 133 de 142, reflejando una preocupante estabilidad en uno de los factores más críticos para el desarrollo social y económico. En justicia civil y justicia penal, México ocupó los puestos 131 y 134, respectivamente, ubicándose entre los países con los niveles más bajos de efectividad en estos rubros.
A nivel mundial, Dinamarca se mantuvo como el país con el estado de derecho más fuerte, con un puntaje de 0,90, seguido de Noruega, Finlandia, Suecia y Alemania. En el otro extremo del ranking, Myanmar, Haití, Afganistán, Camboya y Venezuela se ubicaron en los últimos lugares, con calificación por debajo de 0,35.
El informe del WJP señaló que, aunque más de la mitad de los países evaluados registraron un retroceso en su estado de derecho, el deterioro global parece estar desacelerándose. En el caso de México, sin embargo, los resultados sugirieron una persistente fragilidad en los esfuerzos para fortalecer el marco institucional y combatir las debilidades estructurales que han afectado al país en los últimos años.
