En el más reciente diagnóstico internacional sobre gasto educativo, México vuelve a ocupar el último lugar entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Según un reciente análisis difundido por La Silla Rota, el país registra la inversión por estudiante más baja del organismo, lo que expone una profunda debilidad estructural en su sistema educativo, marcada por una asignación presupuestal insuficiente, una distribución interna distorsionada y un deterioro sostenido en cobertura, infraestructura y aprendizajes.
Los datos oficiales, reflejados en el informe Education at a Glance 2025, son contundentes: el gasto gubernamental por alumno, desde educación primaria hasta nivel medio superior, ronda apenas los 2 790 dólares (ajustados por paridad de poder adquisitivo). Este monto contrasta drásticamente con los niveles de inversión observados en otras naciones de la OCDE, donde el gasto por alumno puede superar varias veces esa cifra, y que en promedio es de 11 mil 902 dólares. Así el gasto en México es superado por países con menos PIB como Colombia, Bulgaria, Turquía, Hungría, Lituania o Rumania.
Además del bajo monto absoluto, llama la atención una tendencia decreciente: entre 2015 y 2022, el gasto por estudiante en México descendió de 4 079 a 3 650 dólares, mientras que la proporción del presupuesto público destinada a educación pasó de representar 15.8 % a apenas 13.2 %. En paralelo, los estudiantes reciben menos horas de instrucción obligatoria que el promedio de la OCDE (760 frente a 804 horas en primaria), y el tamaño promedio de las aulas crece: en 2023, las clases de primaria tenían ya 23.1 alumnos por docente, comparado con un promedio de 20.6 en los países de la OCDE.
Estas cifras por sí solas involucran graves consecuencias para el sistema educativo mexicano: una inversión insuficiente amenaza la calidad de la enseñanza, la cobertura equitativa, la infraestructura escolar y, en última instancia, los aprendizajes de las nuevas generaciones.
El subinversión también se traduce en una distribución regresiva del costo educativo. En México, las familias aportan cerca del 16.2 % del gasto en educación básica y media superior, casi el doble del promedio OCDE (9.9 %). Esa carga recae de forma desproporcionada sobre los hogares, lo que refuerza las desigualdades, sobre todo en los sectores más vulnerables.
En México, buena parte del presupuesto educativo federal es absorbido por becas universales, lo que ha reducido el gasto disponible para escuelas, universidades y programas de mejora. El gobierno federal destina cerca de 180 mil millones de pesos en becas, lo que representa “como el 15 o 16% del gasto público en educación” declaró Eduardo Backhoff Escudero, expresidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), “Ese monto”, dijo, “no necesariamente beneficia a quienes más lo necesitan y, al ser universal, le quita el dinero que se iba a las escuelas”. Según Backhoff, “hay que becar a los que lo necesitan, no a toda la población”, porque hacerlo generalizado “le está quitando recursos al gasto sustantivo en la educación”.
En consecuencia, los logros educativos también se resienten. Pese a los esfuerzos de cobertura, muchos estudiantes terminan sus estudios obligatorios sin adquirir habilidades fundamentales. Datos de rendimiento en pruebas internacionales muestran que el país sigue rezagado en matemáticas, lectura y ciencias respecto de los promedios de la OCDE.
Asimismo, la llamada “paradoja educativa mexicana” se agudiza: a diferencia de lo que ocurre en otras naciones, en México un mayor nivel educativo no garantiza mejores condiciones laborales. Jóvenes con estudios universitarios registran tasas de desempleo comparables —o en algunos casos incluso superiores— a las de quienes no concluyeron la secundaria.
Este panorama pone en evidencia la urgencia de una reorientación profunda en la política educativa nacional. No basta con asignar más recursos: es indispensable que esos recursos se distribuyan de forma equitativa, eficiente y con criterios de calidad. Que se materialice una inversión genuina que asegure no solo acceso, sino oportunidades reales de aprendizaje, desarrollo y movilidad social.
Mientras tanto, miles de estudiantes y sus familias —especialmente en contextos de pobreza y marginación— siguen pagando las consecuencias del abandono del Estado a su deber de garantizar una educación digna, equitativa y acorde con los estándares de una sociedad que aspira al bienestar colectivo.
