En 2024, México se consolidó como uno de los tres países más peligrosos del mundo para las personas defensoras del ambiente y el territorio, según el informe “Raíces de resistencia” de Global Witness. El país registró al menos 18 asesinatos y una desaparición prolongada, lo que lo coloca únicamente por debajo de Colombia, con 48 casos, y de Guatemala, con 20, en un escenario en el que América Latina concentró más del 80 por ciento de los ataques globales contra quienes defienden la tierra, los bosques y los ríos frente a proyectos extractivos y megaproyectos.
El informe revela que las víctimas en México son en su mayoría indígenas, campesinos y habitantes de comunidades rurales que se han opuesto a proyectos mineros, hidroeléctricos o de infraestructura, muchas veces autorizados sin consulta previa ni consentimiento informado. Entre los casos documentados se encuentran asesinatos de defensores en Guerrero vinculados a la resistencia contra la construcción de una presa hidroeléctrica, así como desapariciones prolongadas que permanecen sin resolverse. Estas agresiones se inscriben en un contexto de impunidad estructural, debilidad institucional y violencia organizada, en el que los grupos criminales y actores locales con poder económico o político operan con facilidad gracias a la corrupción y la falta de protección estatal.
La situación plantea profundas implicaciones políticas y sociales. La incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de quienes defienden derechos fundamentales como el acceso al agua, a la tierra y a un ambiente sano cuestiona la legitimidad del gobierno y abre la puerta a críticas internacionales. Además, el miedo que genera esta violencia puede inhibir la participación comunitaria, facilitando la imposición de proyectos sin el consentimiento de los pueblos afectados y debilitando la democracia en territorios históricamente marginados.
La organización advierte que el Estado mexicano tiene una responsabilidad directa en revertir este panorama, no solo fortaleciendo los mecanismos de protección a defensores y asegurando investigaciones eficaces, sino también garantizando consultas libres, previas e informadas, transparentando los procesos de autorización de proyectos y rindiendo cuentas tanto de las empresas involucradas como de las autoridades. Sin estas medidas, las comunidades seguirán expuestas a un círculo de violencia y represión que amenaza con profundizar la crisis de derechos humanos y de gobernabilidad.
El hecho de que México se ubique entre los tres países con más asesinatos de defensores del territorio en el mundo es un llamado de urgencia. Defender la tierra y el ambiente no debería ser una condena a muerte, pero mientras el Estado no asuma con seriedad la protección de quienes se enfrentan a los intereses económicos y políticos más poderosos, la violencia seguirá cobrando vidas en el país y debilitando las bases mismas de la democracia.
