En los últimos cinco años, México ha visto cómo 59 personas defensoras del medio ambiente y del territorio fueron reportadas como desaparecidas mientras cumplían con su labor en defensa de sus comunidades y los recursos naturales. La cifra, correspondiente al periodo 2020-2024, fue dada a conocer por Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), y desnuda un patrón de violencia, impunidad y colusión de poderes que coloca a quienes protegen la tierra en una situación de extrema vulnerabilidad.
Las víctimas de estas desapariciones pertenecen en su mayoría a comunidades indígenas y rurales que han insistido en frenar proyectos extractivos, obras de infraestructura y megaproyectos impulsados sin consultas adecuadas ni mecanismos de participación ciudadana. En muchos casos, quienes defienden ríos, bosques y territorios ancestrales se han convertido en blancos de amenazas, acoso y hostigamiento antes de desaparecer, según la documentación del Cemda que puedes consultar aquí.
Los agresores identificados en estos casos no son homogéneos: van desde agentes de seguridad estatal y municipal hasta integrantes de la delincuencia organizada, grupos paramilitares e incluso empresas privadas con intereses económicos en las zonas en disputa. Esta pluralidad de perpetradores, aderezada con la falta de un registro oficial específico sobre agresiones a defensores ambientales, ha complicado las investigaciones y ha impedido el diseño de políticas públicas focalizadas para su protección.
Gabriella Citroni, presidenta del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas, ha destacado que la ausencia de cifras oficiales y la complejidad de las investigaciones generan casi una “tasa de impunidad absoluta” en este tipo de crímenes. Además, subraya que los defensores ambientales suelen estar estigmatizados por ejercer su derecho a proteger el entorno, lo que agrava su exposición y limita la atención de la sociedad hacia su causa.
La instalación de megaproyectos en territorios indígenas y conservados, donde se explotan recursos naturales sin garantizar transparencia ni participación comunitaria, emerge como uno de los principales factores de riesgo. Organizaciones civiles y expertos han señalado que estos proyectos no solo alteran ecosistemas, sino que también profundizan tensiones con poblaciones locales, generando escenarios propicios para la violencia y la desaparición de quienes se oponen a ellos.
La impunidad que rodea a estos casos alimenta un círculo vicioso: la ausencia de investigaciones exhaustivas y de medidas de protección efectivas no solo silencian a los familiares y comunidades afectadas, sino que envían un mensaje de intimidación al resto del movimiento ambiental. Alanís ha advertido que esta desarticulación del activismo comunitario es, en sí misma, un impacto profundo de las desapariciones, que fractura la resistencia social frente a modelos de desarrollo extractivo o impuesto.
En un contexto regional marcado por altos niveles de violencia contra defensores de la tierra y el ambiente, como lo han señalado informes internacionales, México enfrenta el desafío de traducir datos y denuncias en acciones concretas de protección y justicia. Organizaciones defensoras de derechos humanos han urgido al Estado a reconocer esta problemática de manera diferenciada, fortalecer mecanismos de protección existentes y garantizar el acceso a la justicia para quienes han sido víctimas o están en riesgo por su labor ambiental.
Mientras tanto, familias de desaparecidos y colectivos continúan clamando por respuestas en un país donde el combate por los recursos naturales, la soberanía territorial y los derechos colectivos se cruza con la violencia estructural y la inacción estatal. Cada caso sin resolver se convierte no solo en una tragedia personal, sino en un recordatorio del costo humano que implica defender la tierra en México.
