El Gobierno de México reconoció ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que, en algunos casos, autoridades municipales participan o están coludidas en la desaparición de personas. La admisión fue hecha por Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, durante una sesión de la Asamblea General del organismo en Nueva York.
El funcionario sostuvo que, mientras en administraciones anteriores las desapariciones forzadas podían ordenarse desde las altas esferas del poder político, actualmente estos delitos son perpetrados principalmente por grupos delictivos y, en ciertos casos, cuentan con la participación de autoridades locales.
La declaración se produjo en medio de las diferencias entre el Gobierno mexicano y el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, que ha pedido que la situación del país sea examinada por la Asamblea General ante los indicios de desapariciones forzadas generalizadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
¿Qué dijo México ante la ONU sobre las desapariciones?
Durante su intervención, Medina reconoció que la colusión de autoridades municipales con grupos delictivos forma parte de algunos casos de desaparición. Al mismo tiempo, defendió la estrategia del Gobierno federal y aseguró que el Estado mexicano no tolera estos delitos.
El subsecretario también destacó que durante 2026 se ha logrado localizar a más de 16 mil personas reportadas como desaparecidas. Según la información presentada por la delegación mexicana, la mayoría fue encontrada con vida.
El Gobierno sostuvo que mantiene una política de cooperación con organismos internacionales y que la búsqueda de personas es una prioridad nacional. Sin embargo, la cifra de localizaciones no elimina la dimensión de la crisis: de acuerdo con los datos citados durante la sesión, más de 130 mil personas permanecen desaparecidas en México.
¿Por qué la ONU pidió examinar la crisis de desapariciones en México?
El pronunciamiento ocurre después de que el Comité contra la Desaparición Forzada solicitara que la situación mexicana fuera remitida a la Asamblea General de la ONU, al amparo del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Ese procedimiento se utiliza cuando el comité recibe información que contiene indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se practican de manera generalizada o sistemática y podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
El organismo ha señalado que existen indicios de participación directa o indirecta de agentes estatales en determinados casos, así como de colaboración o aquiescencia entre funcionarios y grupos criminales. La petición busca que la Asamblea General considere medidas de apoyo y cooperación internacional para atender la crisis.
La iniciativa ha generado diferencias con el Gobierno mexicano, que ha cuestionado las conclusiones del comité y sostiene que la evaluación internacional debe considerar los esfuerzos institucionales emprendidos para buscar a las personas desaparecidas.
¿Qué postura mantiene el Gobierno de Claudia Sheinbaum?
La administración de Claudia Sheinbaum ha defendido sus acciones de búsqueda e identificación, así como la coordinación entre autoridades federales y estatales. Durante las actividades en Naciones Unidas, la delegación mexicana presentó avances de la estrategia nacional y destacó la cooperación con organismos internacionales.
La presidenta también ha destacado las cifras de personas localizadas y la necesidad de fortalecer los mecanismos de búsqueda. No obstante, el reconocimiento de que algunas autoridades municipales participan en desapariciones coloca nuevamente el foco en la responsabilidad de los funcionarios y en la capacidad de las instituciones para investigar y sancionar esos hechos.
La crisis mantiene abiertos varios desafíos: localizar a las personas cuyo paradero se desconoce, identificar restos humanos, investigar la posible participación de servidores públicos y garantizar justicia para las familias.
