Movimiento Ciudadano ha sido informado sobre la obtención de una suspensión definitiva que frena la implementación de la reforma judicial en las 32 entidades del país. Esta acción legal fue promovida por diputados de la bancada naranja a través de un amparo.
Miguel Alfonso Meza, activista y miembro del partido, explicó que esta suspensión detiene el despido masivo de jueces y magistrados, asegurando que “ni uno solo podrá ser removido de su puesto”. Esto representa una protección significativa contra lo que se ha denominado “la tómbola-guillotina”, un mecanismo que podría haber llevado a despidos arbitrarios.
Además, la suspensión impide que el Senado emita la convocatoria para elegir a nuevos jueces y magistrados, lo que evita que el partido Morena imponga a sus candidatos y logre capturar el Poder Judicial.
Meza también destacó que la Cámara de Diputados no podrá reducir el presupuesto del Poder Judicial ni eliminar los fondos destinados a garantizar los derechos laborales de sus trabajadores.
Luego de esta decisión, el Instituto Nacional Electoral (INE) también se ve afectado, ya que no podrá continuar con la elección extraordinaria de jueces y magistrados. Guadalupe Taddei, presidenta del INE, ha afirmado que acatará las suspensiones definitivas, lo que significa que debería detener toda la implementación de estas elecciones.
Por otro lado, la suspensión también evita que los Estados repliquen la reforma judicial a nivel local, protegiendo así a los poderes judiciales de la influencia de Morena en el ámbito estatal.
A su vez, Miguel Alfonso Meza recordó que esta suspensión forma parte de una serie de amparos presentados junto a la diputada de MC, Laura Ballesteros, y reiteró el compromiso de Movimiento Ciudadano por proteger el estado de derecho y los derechos laborales en el país.
“Seguiremos luchando para que la reforma judicial no solo sea suspendida, sino invalidada completamente”, afirmó,
La decisión representa un importante avance en la defensa de la independencia judicial en México y marca un hito en la lucha contra las reformas que, según críticos, amenazan la autonomía del Poder Judicial.
