La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma para modificar de manera integral el esquema de elección judicial aprobado en 2024, con cambios que incluyen posponer los comicios hasta 2028, reducir el número de candidaturas, simplificar las boletas electorales y establecer capacitación obligatoria para jueces y magistrados.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, informó que la propuesta será remitida este lunes al Congreso para que la Comisión Permanente la reciba formalmente el próximo miércoles y posteriormente sea turnada a la Cámara de Diputados, donde se prevé su discusión en un periodo extraordinario.
Durante la presentación de la iniciativa, Alcalde explicó que el objetivo central es ajustar el modelo de elección judicial derivado de la reforma constitucional, bajo el argumento de hacer viable la organización de los comicios y facilitar la participación ciudadana. La propuesta establece que la elección judicial federal y local se realice el domingo 4 de junio de 2028 y que, a partir de entonces, las renovaciones posteriores sean concurrentes con otros procesos electorales ordinarios y ejercicios constitucionales, incluida la eventual revocación de mandato contemplada en el artículo 35 de la Constitución.
La funcionaria detalló que, de aprobarse la reforma, las siguientes jornadas para cubrir vacantes judiciales quedarían calendarizadas para 2030, 2033 y 2036. Con ello, el gobierno federal busca homologar los tiempos electorales y evitar procesos separados exclusivamente para cargos judiciales.
Uno de los cambios más relevantes planteados en la iniciativa es la reducción del número de aspirantes que aparecerían en las boletas. Actualmente, cada poder de la Unión cuenta con su propio comité de evaluación para seleccionar perfiles, pero la propuesta presidencial plantea la creación de una comisión coordinadora integrada por representantes de los tres comités, con la finalidad de homologar criterios y verificar el cumplimiento de requisitos formales.
Según explicó Alcalde, cada comité elegiría a cuatro perfiles mejor evaluados y, posteriormente, mediante un proceso de insaculación pública, quedarían únicamente dos candidaturas por cargo y especialidad, respetando el principio de paridad de género. La modificación implicaría una disminución importante en el número de contendientes.
En el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el número de candidaturas pasaría de 81 a 54; para el Tribunal de Disciplina se reduciría de 45 a 30, mientras que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el total bajaría de 63 a 42 aspirantes.
La iniciativa también contempla rediseñar las boletas electorales para simplificar la votación. El nuevo esquema propone que cada ciudadano vote únicamente por un juez y un magistrado por especialidad, en lugar de enfrentar boletas extensas con múltiples nombres. Para ello, el Instituto Nacional Electoral tendría la facultad de dividir el territorio nacional en los distritos judiciales que considere necesarios.
Alcalde ejemplificó que, en el caso de la Ciudad de México, donde deberán elegirse 36 magistrados administrativos, la circunscripción tendría que dividirse en 36 distritos distintos para hacer operable el modelo de votación. Bajo este formato, los ciudadanos recibirían tres boletas: una para jueces, otra para magistrados y una más para magistrados electorales.
Otro de los ejes de la reforma es la profesionalización permanente del Poder Judicial. La propuesta establece que el Tribunal de Disciplina, en coordinación con la escuela judicial, deberá impartir capacitación obligatoria y continua a jueces y magistrados. La legislación secundaria definiría posteriormente los criterios, metodologías y plazos de evaluación para garantizar procesos transparentes y estandarizados.
Asimismo, la iniciativa adelanta tres meses el plazo para que el Senado emita la convocatoria general de la elección judicial. Actualmente el proceso arrancaría en septiembre del año previo a la elección, pero con la reforma se movería a abril, con el propósito de otorgar más tiempo a los comités de evaluación para revisar perfiles y validar requisitos.
De acuerdo con los datos presentados por la Consejería Jurídica, en la elección prevista para 2028 se renovarían cuatro magistraturas electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 463 magistraturas de tribunales colegiados de circuito, 385 juzgados de distrito en poderes judiciales locales, además de 424 magistraturas y 2 mil 831 jueces en 25 entidades del país.
La propuesta surge en medio del debate nacional sobre la viabilidad operativa y política de la elección directa de integrantes del Poder Judicial, uno de los proyectos centrales impulsados por el oficialismo desde el sexenio pasado y que ahora busca ser ajustado por el gobierno de Sheinbaum antes de su primera aplicación generalizada.
