La investigación por uno de los mayores casos de presunto contrabando de hidrocarburos entre México y Estados Unidos tiene como pieza central a Luis Ariel Rivera Rodríguez, un empresario mexicano naturalizado estadounidense que pasó de ser señalado por su participación en redes de huachicol a convertirse en el principal testigo de la Fiscalía federal de Estados Unidos.
De acuerdo con una investigación publicada por EL PAÍS México, Rivera Rodríguez operaba como director de Luxemborg Trading LLC y, desde mediados de 2024, colaboró de manera confidencial con fiscales y agencias federales estadounidenses bajo la figura del informante identificado como “CI-1”, aportando grabaciones, reuniones y testimonios que forman parte de la acusación.
Luis Ariel Rivera Rodríguez: del negocio del huachicol al papel de testigo estrella
Según la investigación periodística, Luis Ariel Rivera Rodríguez, de 53 años, cuenta con una larga trayectoria vinculada al tráfico ilícito de combustibles. Su nombre ya había aparecido en procesos judiciales relacionados con el robo de hidrocarburos desde hace más de una década.
Documentos revisados por EL PAÍS México indican que entre 2010 y 2012 fue señalado en litigios promovidos por Pemex en cortes estadounidenses por su presunta participación en un esquema de contrabando de condensado de gas obtenido mediante robos en Tamaulipas. Estos antecedentes colocan a Rivera como un operador con amplia experiencia dentro del mercado ilegal de combustibles.
De acuerdo con el reportaje, Rivera Rodríguez reconoció ante autoridades estadounidenses haber colaborado con la estructura logística del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización considerada por Estados Unidos como grupo terrorista extranjero.
Su declaración señala que desempeñaba funciones relacionadas con la logística del transporte de hidrocarburos y el cobro de cuotas a transportistas en carreteras federales. Asimismo, aseguró haber mantenido comunicación con Iván Cazarín Molina, alias El Tanque, identificado por autoridades mexicanas como uno de los principales operadores del CJNG y cercano a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.
Estas afirmaciones forman parte del expediente presentado por la Fiscalía estadounidense y constituyen elementos de prueba dentro del proceso judicial.
El papel del informante en la investigación contra la familia Jensen
La colaboración de Rivera Rodríguez comenzó formalmente en 2024, cuando aceptó trabajar como fuente confidencial de la Fiscalía del Distrito Sur de Texas.
Como parte de esa cooperación, sostuvo reuniones con los empresarios James y Maxwell Jensen, las cuales fueron grabadas y entregadas a las autoridades federales. De acuerdo con la acusación, dichas conversaciones documentarían negociaciones relacionadas con cargamentos de petróleo presuntamente robado a Pemex.
La Fiscalía sostiene que Rivera permitió acreditar el funcionamiento de una red dedicada al tráfico internacional de hidrocarburos entre México y Estados Unidos.
Según la acusación federal, la organización habría movilizado cerca de 4,000 cargamentos de petróleo entre 2018 y 2025, con un valor aproximado de 300 millones de dólares.
Los documentos judiciales indican que el combustible era declarado falsamente ante las autoridades aduaneras estadounidenses como “destilado de petróleo” o “aceite lubricante usado”, con el objetivo de ocultar su origen y facilitar su ingreso al mercado de Texas.
Los fiscales sostienen además que parte de los recursos obtenidos terminaban beneficiando al CJNG, motivo por el cual la familia Jensen enfrenta cargos por contrabando, lavado de dinero y apoyo material a una organización considerada terrorista por el Gobierno de Estados Unidos.
Un caso que refleja la dimensión del tráfico ilegal de combustibles
El proceso contra la familia Jensen ha colocado nuevamente en el centro del debate el impacto del robo de hidrocarburos y las redes transnacionales dedicadas al contrabando de petróleo.
La figura de Luis Ariel Rivera Rodríguez resulta especialmente relevante porque pasó de ser señalado como operador dentro de estas estructuras a convertirse en el principal colaborador de las autoridades estadounidenses. Su testimonio, junto con las grabaciones y demás pruebas presentadas por la Fiscalía, será determinante para el desarrollo del juicio y para establecer las responsabilidades legales de los acusados.
Hasta el momento, las imputaciones corresponden a la versión presentada por la Fiscalía de Estados Unidos y deberán ser valoradas por el tribunal durante el proceso judicial. La familia Jensen conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria firme.
