La visita de Ricardo Salinas Pliego a la OEA y la CIDH marca un nuevo capítulo en una confrontación que, tras años de litigios en tribunales nacionales, ahora busca eco en instancias internacionales. El magnate sostiene que desde 2023 es víctima de una “persecución política”, derivada del endurecimiento de las acciones del Gobierno para cobrar adeudos fiscales que, en algunos casos, se remontan a 2007.
El conglomerado Grupo Salinas informó este martes que solicitó formalmente a la CIDH admitir una denuncia contra el Estado mexicano. El recurso fue presentado tras una reunión de Salinas Pliego con el relator especial para la Libertad de Expresión del organismo, celebrada en la sede de la OEA, en Washington.
En el documento, el grupo empresarial acusa al Gobierno de ejercer un hostigamiento fiscal, judicial y administrativo con el objetivo de restringir la libertad de expresión del empresario y limitar su participación en el debate público.
De acuerdo con el comunicado difundido por Grupo Salinas, los agravios incluyen:
- Auditorías excesivas por parte de la autoridad fiscal.
- Daños a la reputación del empresario mediante declaraciones oficiales y cobertura mediática.
- El presunto uso político del aparato fiscal.
- La supuesta captura del Poder Judicial, atribuida a la reciente reforma judicial que renovó por voto popular a una parte de la judicatura.
Tras el encuentro en Washington, Salinas Pliego difundió un video en el que afirmó: “Salgo muy contento y con más convicción de que a mí no me van a doblar. Vamos a plantarle cara al régimen del cártel de Morena”.
El trasfondo fiscal: 51 mil millones de pesos en disputa
La disputa entre Salinas Pliego y Hacienda se intensificó luego de que, en noviembre pasado, el empresario agotara todas las instancias nacionales al perder varios juicios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En esos procesos se definía el pago de 51 mil millones de pesos en créditos fiscales.
Semanas después, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estableció el monto definitivo que deberá cubrir ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que abrió la fase final del procedimiento: la ejecución del cobro, tras más de 15 años de litigio.
El titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, explicó que la deuda podría reducirse hasta en 39% si el empresario opta por el pago voluntario. No obstante, el propio Salinas Pliego ha dejado claro que no contempla esa vía y que continuará la disputa por la ruta internacional.
Alcance real de la denuncia internacional
En el plano jurídico, especialistas advierten que la denuncia ante la CIDH difícilmente alterará el curso del proceso fiscal en México. El organismo puede tardar años en decidir si admite el caso y, eventualmente, si lo turna a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Incluso en el escenario —considerado poco probable— de un fallo favorable al empresario, el impacto sería principalmente simbólico, ya que las resoluciones internacionales difícilmente podrían revertir el cobro, sobre todo tras la reforma al juicio de amparo aprobada por el Congreso, que acortó los plazos para frenar ejecuciones fiscales.
Un conflicto con implicaciones políticas y mediáticas
La batalla entre Salinas Pliego y el Gobierno federal trasciende el ámbito judicial. La presidenta Claudia Sheinbaum ha convertido el combate contra los grandes deudores fiscales en uno de los ejes de su administración, con el objetivo de aumentar la recaudación sin impulsar una reforma fiscal.
En ese contexto, el empresario se ha vuelto un símbolo del Ejecutivo frente a los adeudos que, en conjunto, suman cerca de dos billones de pesos atrapados en litigios fiscales. Al mismo tiempo, Salinas Pliego se ha consolidado como una de las voces más visibles de la oposición, con un fuerte peso mediático y una influencia política en ascenso.
La denuncia presentada en Washington mantiene vivo un pleito que se libra en tribunales, medios y ahora en foros internacionales. Aunque el desenlace legal aún parece lejano, la confrontación entre el magnate y el Estado mexicano continúa sumando episodios en un conflicto que combina fiscalidad, poder político y exposición pública.
