En los pasillos de poder del ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, la detención y vinculación a proceso del exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo, identificado como Samuel “N”, ha sacudido el tejido político y social tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el pasado 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas en el centro de la ciudad. Autoridades federales y estatales han catalogado el caso como uno de los más inquietantes ejemplos recientes de cómo el crimen organizado puede infiltrar espacios institucionales y pervertir lealtades que deberían ser sólidas en favor del Estado de Derecho.
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detalló que Samuel “N” no solo fue pieza clave en la planeación del ataque en contra de Manzo sino que, desde dentro de la administración municipal, filtró información estratégica sobre la agenda, itinerario, retrasos y movimientos del alcalde el día del atentado. Esa información fue compartida con la célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) comandada por Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, presunto autor intelectual del crimen.
Pero más allá de facilitar datos logísticos, la audiencia inicial contra Samuel “N” arrojó un dato que ha generado estupor: el funcionario habría colaborado con sus traductores del delito a cambio de droga. Según declaraciones vertidas en el juicio, el exfuncionario recibió al menos dos “grapas” de cocaína, es decir, dosis individuales de esa sustancia, como pago por brindar información que condujera al ataque mortal contra Manzo Rodríguez. Este patrón de pago con estupefacientes lo vincula directamente con el entramado criminal que ordenó y ejecutó el homicidio.
Testimonios recogidos indican además que Samuel “N” no habría actuado motivado únicamente por el pago en especie, sino también por un profundo resentimiento personal hacia el entonces alcalde. El acusado llegó a afirmar durante la audiencia que Manzo lo tenía “hasta la madre” debido a un conflicto por permisos laborales y asuntos personales, lo cual habría facilitado su reclutamiento por parte de los criminales. El señalado, que tenía antecedentes penales por lesiones dolosas y robo a negocio, apareció como un actor dispuesto a colaborar con una célula criminal a cambio de beneficios personales y acceso a drogas.
La reacción política y social ante estos hechos ha sido de conmoción e indignación. Grecia Quiroz, alcaldesa sustituta de Uruapan y esposa de Carlos Manzo, aseguró que Samuel “N” no formaba parte del movimiento político que encabezaba su esposo y que su incorporación al gobierno fue producto de la presentación de su currículum, donde presumía experiencia como asesor de un legislador priista en la Cámara de Diputados. Quiroz afirmó sentirse traicionada, ya que el exfuncionario había entregado resultados positivos al ayuntamiento y gozaba de confianza hasta antes de ser detenido.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán ha establecido un periodo de cuatro meses para realizar la investigación complementaria del caso, mientras Samuel “N” y Josué Elogio “N”, alias “El Viejito”, fueron vinculados a proceso y enfrentan prisión preventiva oficiosa por los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas. Las autoridades mantienen abierta una investigación más amplia, que ha incluido la detención de al menos otras siete personas, entre ellos presuntos integrantes de la célula delictiva implicada.
El caso resalta la complejidad del desafío que representa la violencia y la infiltración del crimen organizado en estructuras públicas, así como la urgente necesidad de reforzar los mecanismos de selección, supervisión y control de funcionarios, especialmente en regiones donde la presencia de grupos como el CJNG ha demostrado penetrar hasta niveles insospechados de la administración local. Mientras tanto, Uruapan y Michoacán siguen exigiendo justicia para Carlos Manzo, y el país observa con alarma cómo un colaborador al interior del gobierno municipal pudo convertirse en el eslabón que permitió la comisión de un magnicidio que ha marcado el inicio del año político en México.
