El Servicio de Administración Tributaria (SAT) busca fortalecer su capacidad de vigilancia digital con una propuesta sin precedentes: obtener la facultad legal para ordenar el bloqueo temporal de plataformas digitales como Netflix, YouTube, Spotify, entre otras, en caso de incumplimiento fiscal.
Esta medida forma parte del proyecto de reforma al Código Fiscal de la Federación 2026, específicamente a través de la creación del artículo 30-B, que otorgaría al SAT un nivel de control digital nunca antes visto en México.
Acceso en tiempo real y el “botón de apagado digital”
El artículo propuesto obliga a los prestadores de servicios digitales a brindar al SAT acceso en línea y en tiempo real a la información generada en sus sistemas centrales. Esto incluye datos sobre operaciones, movimientos contables y transacciones financieras, lo que permitiría una fiscalización constante de las plataformas tecnológicas que operan en el país.
En caso de negativa o incumplimiento, el SAT podría ordenar a los concesionarios de telecomunicaciones —como Telmex, Telcel, Izzi o Totalplay— que suspendan temporalmente el acceso al servicio en territorio nacional. Esta facultad ha sido calificada por especialistas como la creación de un verdadero “botón de apagado digital“.
Justificación: mayor control fiscal sobre empresas tecnológicas
La iniciativa responde, según Hacienda, al crecimiento acelerado de los modelos de negocio digitales, los cuales han encontrado lagunas legales para minimizar o diferir el pago de impuestos en México. El Gobierno argumenta que se necesitan herramientas electrónicas más estrictas para garantizar una recaudación fiscal justa por parte de grandes corporaciones tecnológicas.
De aprobarse, México se convertiría en uno de los países con mayor control fiscal digital de América Latina, alineándose con tendencias globales que buscan sujetar a las grandes tecnológicas a regímenes fiscales más estrictos.
Antecedentes: Ley del IVA y censura digital
Aunque la propuesta es novedosa en su forma actual, el antecedente más cercano se remonta a 2021, cuando se reformó la Ley del IVA para permitir la suspensión de servicios digitales extranjeros no registrados ante el fisco. Ese mismo año, una propuesta similar en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión fue duramente criticada por organizaciones civiles y expertos, quienes la consideraron un intento de censura digital. Aquella iniciativa fue finalmente retirada tras un proceso de consulta en el Senado.
En esta ocasión, la estrategia es distinta: trasladar la facultad al Código Fiscal de la Federación, lo que ofrecería un marco legal más robusto y duradero.
¿Qué sigue? La reforma fiscal 2026 y el Congreso
El proyecto forma parte del paquete económico 2026 y deberá ser analizado y votado en la Cámara de Diputados en las próximas semanas. Aunque aún falta su aprobación, el simple planteamiento ya ha generado inquietud en sectores tecnológicos y defensores de los derechos digitales, quienes advierten posibles afectaciones al acceso a la información, la libertad de expresión y la conectividad digital de millones de mexicanos.
