En una sesión marcada por intensos debates sobre la soberanía nacional y la cooperación binacional, la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado ha emitido una convocatoria para una reunión de trabajo de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), César Jáuregui Moreno. El objetivo central es esclarecer los hechos ocurridos a principios de este mes en la región de la Sierra Tarahumara, donde dos ciudadanos estadounidenses perdieron la vida en circunstancias que sugieren una operación de inteligencia extranjera no reportada al Gobierno Federal.
Los hechos se remontan al operativo ejecutado en una zona de difícil acceso en la zona serrana, destinado supuestamente al desmantelamiento de laboratorios de fentanilo y drogas sintéticas. Durante el despliegue, un vehículo oficial en el que viajaban elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y dos acompañantes de nacionalidad estadounidense cayó a un barranco, resultando en la muerte de todos los ocupantes.
Aunque inicialmente el gobierno estatal de Chihuahua manejó el caso como un accidente derivado de tareas de acompañamiento técnico, investigaciones publicadas por diarios internacionales como The New York Times y The Washington Post identificaron a los fallecidos como agentes en activo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Esta revelación ha puesto bajo la lupa la actuación de la administración de Maru Campos, ante la sospecha de que se permitió la operación de agentes extranjeros armados sin la debida notificación a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El núcleo del llamado gira en torno a la posible violación de las reformas a la Ley de Seguridad Nacional aprobadas en años recientes, las cuales establecen protocolos estrictos para la presencia de agentes extranjeros en territorio mexicano. Según el marco legal vigente, cualquier actividad de agencias externas debe estar sujeta a convenios específicos y contar con la supervisión directa del Gobierno Federal.
El senador Óscar Cantón Zetina, integrante del bloque de Morena, señaló que “no se puede permitir que un gobierno estatal actúe como un ente independiente en materia de política exterior y seguridad nacional”. La preocupación radica en si la Fiscalía de Chihuahua autorizó de manera unilateral la participación de la CIA en tareas de campo, lo que representaría una falta grave a la jerarquía constitucional.
Desde el Partido Acción Nacional (PAN), la defensa ha sido férrea. Senadores como Ricardo Anaya han calificado la medida como una “persecución política” y un intento de desviar la atención de los problemas de seguridad en otros estados gobernados por el partido oficial. Por su parte, la gobernadora Maru Campos ha reiterado en declaraciones previas que su administración mantiene una política de “puertas abiertas” para la coordinación, pero insiste en que la presencia de los estadounidenses era estrictamente de carácter logístico y no operativo.
Sin embargo, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una postura firme, subrayando que la soberanía no es negociable. La mandataria ha instruido a la Fiscalía General de la República (FGR) para que abra una carpeta de investigación paralela que determine si hubo omisiones por parte de las autoridades locales en el reporte de estos “asesores” extranjeros.
Se espera que la cita se lleve a cabo en los próximos diez días hábiles. Los funcionarios deberán presentar bitácoras de vuelo, órdenes de operación y los convenios de colaboración que sustentaban la presencia de los ciudadanos extranjeros en la unidad siniestrada. De confirmarse la falta de protocolos, el Senado podría emitir un exhorto para sanciones administrativas o incluso penales por vulnerar la seguridad del Estado mexicano.
